sábado, 20 de abril de 2024 03:29
Politica
SE MARCHA "ORGULLOSA" DE LAS REFORMAS APROBADAS

El Gobierno aprueba el cese de Gomendio, que trabajará para la OCDE

El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el cese de la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, que ocupará el cargo de directora general adjunta de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

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El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el cese de la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, que ocupará el cargo de directora general adjunta de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

 

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión gubernamental, durante la que ha agradecido a Gomendio su labor en el ministerio. "Tenemos que agradecerle su labor en una legislatura en la que se han llevado a cabo importantes reformas", ha subrayado.


Después de tres años y cuatro meses al frente de este departamento, Gomendio se marcha "orgullosa" de las reformas aprobadas en esta Legislatura, tal y como dijo a los medios tras conocerse su nuevo destino. Considera que su nombramiento supone un "enorme respaldo" de esta organización internacional a los cambios "fundamentales" que ha llevado a cabo el Gobierno en materia educativa durante esta legislatura.


Detrás deja varias medidas que no han contado con el visto bueno de la mayoría de la comunidad educativa, que durante estos más de tres años ha protagonizado numerosas manifestaciones, huelgas y recursos en los tribunales.

La primera de estas iniciativas fue la derogación en febrero de 2013 de los temarios de las oposiciones docentes tres meses después de que se publicaran. El ministerio alegó que no respondían a las exigencias que requería el profesorado de la pública.


La medida más polémica vino con el 'decreto de recortes', aprobado en abril de 2012 -Real Decreto para la racionalización del gasto educativo-, que permitió a las comunidades autónomas aumentar la ratio de alumnos por aula, las horas del profesorado, los días para cubrir las bajas por enfermedad o incrementar las tasas universitarias, entre otras.

Después, el departamento de Educación endureció los requisitos académicos para el acceso y el mantenimiento de las becas y ayudas al estudio con un nuevo decreto, que también tuvo contestación en la calle de estudiantes padres, sindicatos. Los rectores protagonizaron un plante al ministro y su 'número dos' en el Consejo de Universidades en señal de protesta contra este decreto.


A estas medidas se sumaron los borradores de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que han contado con el rechazo de la mayoría de la comunidad educativa, unos porque consideran que se queda corta; otros porque creen que "invade competencias", es "clasista", elimina Educación para la Ciudadanía, introduce una asignatura espejo para Religión o las 'reválidas' con las evaluaciones al final de cada etapa, entre otras.


La LOMCE se aprobó en diciembre de 2013 con el único apoyo del PP. Cinco meses antes, la mayoría de los grupos de la oposición -excepto UPyD, UPN y Foro Asturias- firmaron en el Congreso de los Diputados un compromiso para derogar la 'Ley Wert' en la próxima Legislatura.


Además de padres, profesores, alumnos y grupos parlamentarios, las comunidades autónomas no gobernadas por el PP han mostrado su rechazo a la reforma educativa durante las reuniones de la Conferencia Sectorial de Educación.


En el último encuentro, en abril de 2015, se levantaron de la mesa Cataluña, Asturias, Andalucía, Canarias y País Vasco por su oposición al borrador del real decreto que regula las evaluaciones de la LOMCE, antes incluso de que se iniciara el debate con los responsables del ministerio.


Otro de los decretos aprobados para la Universidad fue el llamado '3+2', que permite a los campus ofrecer grados de tres años y másteres de dos frente al actual sistema de cuatro años de grado y uno de master. Esta medida ha sido criticada por los rectores y asociaciones de estudiantes universitarios.

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