La juez del caso Aznalcóllar abre diligencias contra el grupo Magtel por posible tráfico de influencias

La juez Patricia Fernández Franco, que desde el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha ordenado abrir nuevas diligencias previas contra el grupo andaluz Magtel, que participa de México Minorbis, por un posible delito de tráfico de influencias, según un auto emitido el 27 de mayo.

En su auto, la juez parte de un informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, según el cual merced a las denuncias promovidas por Emerita-Forbes Manhattan, que compitió sin éxito contra la agrupación empresarial México Minorbis, trasciende "cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta de Andalucía".

El informe, detalla que las denuncias de Emerita-Forbes Manhattan apuntan a ayudas por valor de 23,59 millones de euros en favor de Magtel entre 2009 y 2015, así como 28,26 millones de euros "en concepto de préstamos", toda vez que el "entramado societario" del grupo Magtel, dividido en diferentes sociedades y líneas de negocio, apoya "gran parte de su modelo de negocio en proyectos conseguidos a través de licitaciones públicas".

En ese sentido, el informe alude al presunto papel de "mediador" que habría ostentado Andrés Luque García, "haciendo valer los contactos adquiridos durante su etapa profesional en la Administración pública" como delegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba; delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba y director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura.

Andrés Luque García, según la UDEF, fue "administrador único" de la sociedad Fisur Análisis y Gestión de Proyectos, una empresa vinculada a Magtel mediante un contrato firmado por ambas partes en 2011 para asesorar a esta última en la "preparación de ofertas, solicitudes y documentación a acompañar", entre otras cosas, toda vez que Luque García "desempeñaba un cargo público durante el periodo en el que se convocaron y se concedieron ayudas a favor de Magtel".

La causa de la mina, como es sabido, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.

Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco ha apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ha ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, dado que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose además la juez por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales".

El Gobierno andaluz, de su lado, esgrime un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho", estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el "cumplimiento de los trámites" obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.

La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.

Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina, la multinacional sueca de la minería Boliden abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que supuso el desembolso de decenas y decenas de millones de euros de las arcas públicas durante varios años.

A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.

La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.