domingo, 20 de agosto de 2017 00:35
Opinión

EL GATO FISCAL Y EL CASCABEL PROGRESIVO

Luis Moreno
Luis Moreno

Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos

Hace alegoría el adagio popular de ‘ponerle el cascabel al gato’ a la dificultad de solventar una encrucijada colectiva sin daños colaterales. Los posibles solucionadores suelen ceder su protagonismo y la hipotética recompensa a otros capaces de arrostrar los zarpazos felinos. En la vida política, tal expresión ilustra el trecho existente entre deseos y realidades, o el cinismo de proclamar actuaciones que luego no se llevan a efecto.



La ‘crisis interminable’ desatada en 2007 ha hecho evidente no sólo la creciente desigualdad social y la polarización de rentas entre ricos y pobres. Frente a la disyuntiva de la consolidación fiscal, eufemismo para recomponer la estabilidad financiera y coger impulso para un nuevo ciclo expansivo, la alternativa gubernamental es que paguen los que están enmedio de la escala socioeconómica. Las amplias clases medias se ven en la tesitura de apencar con el sobreesfuerzo de contribuir al equilibrio presupuestario público, aunque el conjunto social considera que quienes deberían pagar más son los que más tienen.



El principio de la fiscalidad progresiva legitima la aspiración a la igualdad y el mantenimiento de la cohesión social en el Viejo Continente. Tal principio se formaliza en la regla fiscal de que aquellos que disfrutan de una posición más acomodada en la sociedad deben contribuir en mayor medida --y no sólo proporcionalmente-- al bien común y al bienestar social de la ciudadanía. En consecuencia, no sólo cabe esperar que los ricos paguen más impuestos y los menos ricos obtengan mayores frutos de la redistribución fiscal, sino que el montante general de la recaudación impositiva alcance a toda la ciudadanía. Sin embargo, en el proceso de intermediación gubernamental suelen producirse efectos indeseados, apropiaciones indebidas y riesgos morales, altamente dañinos para la eficacia y eficiencia de la recaudación fiscal.



En España se estimaba que el fraude fiscal ascendía en 2011 a unos 90.000 millones de euros, distribuido según las siguientes categorías: (a) 75% de grandes fortunas y empresas (recuérdese que, según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, alrededor del 70 % de las empresas que cotizaban en el mercado bursátil, IBEX-35, operaban en paraísos fiscales); (b) 15% de pequeñas y medianas empresas; y (c) 9% de autónomos. Tales impuestos impagados correspondían a una cantidad de rentas opacas o no declaradas en torno a los 260.000 millones de euros. El montante del fraude fiscal España era equivalente al déficit público en plena crisis económica (alrededor del 8%). En 2011, la presión fiscal en porcentaje de PIB en España era del 34%, y se comparaba a la baja con la de Dinamarca (48%), Francia (43%) o Alemania (39%). Aunque por su propia naturaleza es harto difícil calcular con precisión el tamaño de la ‘economía sumergida’, se estimaba que en España representaba entonces un 21,5 % del PIB.



El principio de la progresividad fiscal no goza de la misma legitimidad en otros lugares del mundo. Así, por ejemplo, una mayoría de estadounidenses opina que una persona rica no debería pagar más porcentaje de impuestos que una persona pobre (obtengan ambos réditos de 1 millón o 10 dólares, pongamos por caso). Constituye ello una diferencia axiológica fundamental respecto a los valores sociales en esta orilla del Atlántico. Para la mayoría de los europeos la progresividad fiscal define su ciudadanía social. Es por ello que nada socava en mayor medida las bases económicas, morales y sociales de los estados del bienestar europeos que el incumplimiento del principio de equidad fiscal. Su efecto más pernicioso es una recaudación inefectiva y tramposa que limita la cantidad de recursos financieros para el sostenimiento de las políticas sociales e incentiva las prácticas del gorroneo y el denominado ‘efecto Mateo’.



Recuérdese que dicho efecto toma su denominación en la aserción evangélica de que ‘... a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado’ (San Mateo 13:12). Se quiere significar con ello que los sectores sociales con mayores recursos y con mejores instrumentos para su apropiación, se benefician desproporcionadamente de programas y políticas a menudo diseñados para todos los ciudadanos. Tales sectores depredadores maximizan su acción respecto a aquellos ciudadanos con iguales o preferentes derechos de acceso, pero carentes a menudo de la información precisa y/o de redes de apoyo. El caso en España de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) ilustra cómo aquellos ciudadanos ricos con sobrada capacidad de influencia y recursos cognitivos pudieron evitar pagar el mismo nivel de impuestos que el común de los contribuyentes. Se arguyó que la postrera regulación de 2010 fue responsable de la retirada masiva aquel año de inversiones en las SICAV de unos 140 millones euros. Generalmente, el argumento disuasorio es el empleado para justificar el mantenimiento de agravios fiscales que favorecen a los más pudientes. Caso contrario, el dinero ‘vuela’ a otros destinos más amables con los capitales peregrinos, siempre reacios a una mayor imposición de las rentas personales y corporativas. Al ahuyentar capital e inversiones, quedamos prevenidos, el crecimiento de la economía se gripa. Tales argumentos reiterados con el martillo pilón de las opiniones académicas y mediáticas más sensibles a los intereses millonarios son efectivos pero, en no poca medida, falaces.



En Alemania, por ejemplo, las reformas fiscales regresivas de los primeros años del segundo milenio provocaron un estancamiento, sólo superado con la espectacular recuperación propiciada por la consolidación fiscal del gasto. En realidad, la redistribución eficiente por vía fiscal es el mejor modo de crear empleo y optimizar la producción a corto y largo plazo. Lo más relevante de la progresividad fiscal es que constituye un prerrequisito para cumplir con el objetivo de los frenos constitucionales del Pacto Fiscal Europeo para el equilibrio presupuestario de 2012. Se pretende evitar con ello una deuda pública descontrolada y el peligro de una licuación financiera como la iniciada en 2007 en EEUU, y que a punto hizo desaparecer la moneda común europea.



El Modelo Social Europeo necesita preservar la progresividad fiscal como clave de bóveda de la construcción institucional de la UE. Si los partidos que apoyan la europeización persistiesen en su temor a los arañazos más o menos profundos del gato fiscal de la insolidaridad, nuestro estado del bienestar habría pasado a la historia como un mero epifenómeno de la modernidad. El cascabel perdería así su función como alertador de la Europa asocial en ciernes.


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