lunes, 21 de agosto de 2017 04:56
Politica
INCREMENTO MÍNIMO DE LA PENSIÓN

Jueces del Tribunal Supremo, críticos con el aumento de la edad de jubilación a los 72 años

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Distintos jueces del Tribunal Supremo se han mostrado críticos ante la iniciativa del Gobierno de incrementar hasta los 72 años la edad de jubilación y de eliminar de forma paralela la figura del magistrado emérito. Consideran que la iniciativa les aboca a trabajar "hasta sus últimos días" para así obtener un mínimo incremento en la pensión, de un cuatro por ciento en el mejor de los casos.

 

La novedad pasará a incluirse en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial después de que el grupo parlamentario del PP en el Senado haya presentado varias enmiendas en este sentido.


Los 'populares' mantienen la "jubilación forzosa" de los magistrados en los 70 pero dan la opción de que soliciten con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, 72 años de edad.


La nueva redacción del texto especifica que jueces y magistrados conservarán los honores y tratamientos correspondientes a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación. El PP justifica este cambio en la supresión simultánea de la figura del magistrado emérito a la que podían acogerse aquellos jueces que lo desearan hasta los 75 años.


En otra enmienda, el grupo parlamentario especifica que los jueces que tengan la condición de eméritos y superen los 72 años cesarán en el ejercicio de sus funciones el último día del mes en el que la LOPJ entre en vigor.


"HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE"


Los magistrados del alto tribunal contrarios a la iniciativa argumentan que la desaparición de esta figura, que era voluntaria para aquellos que quisieran ejercer o lo necesitaran, les obliga a continuar trabajando "hasta que el cuerpo aguante" por un ridículo incremento de pensión.


Además, la eliminación de los eméritos supondrá la salida de al menos media docena de magistrado del Supremo, entre ellos varios de los adscritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha asestado, en los últimos meses, varios golpes a la reforma laboral del PP.

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