sábado, 19 de agosto de 2017 11:13
Sociedad
DESDE ESTE LUNES

Juzgan al exconseller de Turismo balear y otros seis acusados por desviar un millón de euros a Bitácora

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del lunes, 22 de junio, al exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils, al exjefe de los servicios jurídicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y a otros cinco acusados por el presunto desvío de casi un millón de euros públicos a la empresa Bitácora, de la que era administradora la pareja sentimental del segundo, María Magdalena Estarellas. 


La Fiscalía Anticorrupción reclama para todos ellos penas de entre nueve y seis años de prisión y de entre ocho y diez de inhabilitación. El Ministerio Público solicita asimismo que respondan conjunta y solidariamente del pago a la Administración balear de 985.281,79 euros, de los que Bitácora respondería subsidiariamente.


También se sentarán en el banquillo los también administradores de Bitácora Sylvia Riera -expresidenta de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes (Aviba), Cristina Sastre, Micaela Odette y el hermano de María Magdalena, Baltasar Estarellas.


Según postula la Fiscalía en su escrito de calificación, Buils, en prisión desde julio de 2013 por otra pieza, acordó con Bonet beneficiar a la novia de éste mediante la constitución y utilización de una asociación sin ánimo de lucro, Bitácora, que se vincularía mediante convenios a la Conselleria de Turismo primero y, más tarde, a un consorcio público participado por los departamentos de Turismo y Medio Ambiente y Puertos.


Tras la firma de estos convenios y con la apariencia de prestar servicios públicos, según Anticorrupción, los acusados podrían obtener fondos públicos por favor superior a 1,45 millones de euros que más tarde podrían desviar "mediante la subcontratación a empresas de su entorno para que éstas efectuaran o simularan efectuar la totalidad de los servicios que Bitácora debía prestar".


Así, celebraron los convenios a pesar de que Bitácora "contaba con nula solvencia profesional y económica" para realizar los objetivos de tales convenios. Por ello la asociación concertó con la entidad La Caixa pólizas de créditos "que servirían para proporcionar anticipos y liquidez a cuenta del fondos públicos que se iban a recibir", y que se justificaban con facturas "como si fueran trabajos ya realizados y comprobados por y a favor de la Administración".


El escrito detalla las maniobras realizadas por los acusados para conseguir tales fines y califica los hechos como constitutivos de los delitos de prevaricación continuada, malversación continuada de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.


PETICIONES DE PENA


Más en concreto, Buils y Bonet se enfrentan a una petición de nueve años de prisión, 22 de inhablitación para empleo o cargo público y multa de 36.000 euros, mientras que para la novia del segundo y otra responsable de la asociación, Sylvia Riera, la Fiscalía pide pena seis años de cárcel, 22 de inhabilitación absoluta y la misma multa.


Para otros responsables de Bitácora, como Cristina Sastre, Micaela Odette y Baltasar Estarellas, la petición de la Fiscalía asciende a tres años y medio de cárcel e inhabilitación por 10 años.


BONET, UNO DE LOS PRIMEROS DETENIDOS EN EL CASO IBATUR


Cabe recordar que Bonet fue uno de los primeros detenidos en el marco del caso Ibatur a raíz de su implicación en contrataciones llevadas a cabo presuntamente de forma irregular a través de esta empresa pública, mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), unas pesquisas que se extendieron posteriormente a la actuación de UM al frente de la Conselleria de Turismo durante el último mandato del Pacte (2007-2011).


El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con el arresto de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue detenido, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores.


Bonet fue finalmente condenado por estos hechos a dos años de cárcel tras reconocer haber desviado hasta 95.536 euros del Ibatur a las cuentas de los familiares. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para el exalto cargo dos años y medio de prisión, e inicialmente hasta cinco años y tres meses.


Bonet volvió a ser detenido en junio de 2010 junto a los exgerentes del Ibatur Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión- y Raimundo Alabern en el marco de una causa que permaneció bajo secreto durante más de año y medio. Alía abandonó en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a esta empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.


Las pesquisas apuntan además a que entre 2005 y 2007 el Ibatur efectuó un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas. Las investigaciones se ampliaron posteriormente a la pasada legislatura, cuando UM estaba al frente de la Conselleria de Turismo.


BUILS, CONDENADO POR EL CASO VOLTOR


Por su parte, Buils fue condenado en su día a tres años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el marco del llamado caso Voltor, por gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, a quien favoreció con dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) para beneficiarle.


Las investigaciones del caso Ibatur se extienden asimismo a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf, dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic. Una de las líneas de investigación apunta al desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Govern a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar en torno al torneo que se celebra anualmente en s'Era de Pula (Son Servera).

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