El Gobierno recurre ante el TC el Comisionado de Transición Nacional

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo planteará ante el Tribunal Constitucional (TC) un "conflicto positivo de competencias" por la creación del Comisionado para la Transición Nacional por parte de la Generalitat.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que llevará ante el Alto Tribunal el decreto 16/2015 que contempla la creación de este organismo porque con él se pretende "avanzar en un proceso de construcción de estructuras de Estado".

Para Sáenz de Santamaría, este decreto supone una vulneración flagrante de la soberanía del pueblo español, de la "indisoluble" unidad de la nación española y de la igualdad de derechos de los españoles ya que otorga al Comisionado actuaciones que corresponden al Estado.

La presentación del "conflicto" por parte del Ejecutivo central se realiza después de que la respuesta "negativa" de la Generalitat al requerimiento para que derogara el nombramiento de Carles Viver Pi-Sunyer como comisionado para la Transición Nacional.

El Gobierno, además, ha pedido al Constitucional la "expresa" suspensión de los actos impugnados que, según ha explicado Sáenz de Santamaría, en caso de que se acepte el Comisionado "no puede" llevar a cabo ninguna de las actuaciones que se le atribuyen.

Entre esas actuaciones se prevén la de "planificar y coordinar" la actuación de todos los departamentos de la Generalitat catalana para poner en práctica las conclusiones de los 18 informes que hizo el Consejo Asesor de la Transición Nacional (CATN).

Asimismo, el Comisionado encabezado por Viver Pi-Sunyer debe impulsar el desarrollo de la Hacienda propia y también empezar a planificar con la Conselleria de Economía cómo debe ser una Seguridad Social catalana.

VULNERA COMPETENCIAS ESTATALES 

"Se vulneran las competencias del Estado en su conjunto", ha destacado, para aclarar que "algunas" de ellas están realacionadas con las relaciones internacionales, la Hacienda Pública, el régimen aduanero o el régimen general de comunicaciones, correos y telecomunicaciones.

El Gobierno recurre la creación de este organismo y el plan ejecutivo que, a su juicio, está "muy en la línea" de algunos preceptos de la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlament, recurrida por el Ejecutivo central hace dos semanas.