viernes, 29 de marzo de 2024 13:26
Sociedad
LA CADENA PERPETUA, INCOMPATIBLE Y CONTRARIA AL ARTÍCULO 25.2 DE LA CONSTITUCIÓN

Los fiscales progresistas rechazan el nuevo Código Penal

La Unión Progresista de Fiscales ha reiterado este lunes su enérgico rechazo a la reforma del Código Penal que, advierten, "conlleva un aumento generalizado de las penas, fruto de una deriva legislativa político-criminal marcadamente reaccionaria".

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La Unión Progresista de Fiscales ha reiterado este lunes su enérgico rechazo a la reforma del Código Penal que, advierten, "conlleva un aumento generalizado de las penas, fruto de una deriva legislativa político-criminal marcadamente reaccionaria".


En una nota de prensa, la UPF recuerda que la reforma de la ley incluye la denominada prisión permanente revisable, que califican como una "cadena perpetua o internamiento de por vida, incompatible y contraria al artículo 25.2 de la Constitución Española".


Asimismo reprueba las modificaciones en relación con los denominados delitos leves, tanto por su deficiencia legislativa -degradan "de forma involuntaria" a la categoría de delitos leves hechos tipificados hasta ahora como menos graves- como por la derivación a la vía administrativa de hechos penalmente reprochables y, por consiguiente, sin las correspondientes garantías del procedimiento penal.


Los fiscales progresistas alertan, también, de que en la última etapa de la legislatura resulta notoria "la voracidad legislativa del Gobierno" y mencionan el traslado al Senado del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Congreso de los Diputados.


"Como ya hemos apuntado en ocasiones anteriores, lejos de implantar un nuevo marco procesal que abandone el arcaico sistema actual y evolucione hacia uno nuevo basado en la autonomía, la especialización y la celeridad, la reforma limita la duración de las investigaciones sumariales sin dotar a la justicia penal de los necesarios medios personales y materiales", dicen en un comunicado.


En su opinión, esto pone de manifiesto el "absoluto desconocimiento del legislador" sobre la realidad diaria de los Juzgados y Fiscalías de nuestro país. Para la UPF resulta una completa temeridad que el mero transcurso de un plazo pueda significar el fin de una instrucción, naturalmente sin éxito y encaminada a la posible impunidad de los hechos investigados.

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