La Unión Progresista de Fiscales denuncia la excedencia de Torres-Dulce, que ya puede incorporarse al despacho Garrigues

La Unión Progresista de Fiscales ha calificado de "mal día para la Justicia y la transparencia" este martes ya que ha entrado en vigor el acuerdo del 30 de julio entre Gobierno y el ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por el que se le concede la excedencia voluntaria para que pueda trabajar en el conocido despacho de abogados Garrigues. 

En un comunicado critican el carácter de "interés particular" del pacto, que consideran que "no es otro que engrosar las filas de un conocido despacho de abogados" cuando según el artículo 15 de la Ley 3/2015 de 30 de marzo y que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se determina un plazo mínimo de dos años desde el cese de un cargo público a la incorporación en una entidad privada. 

Por tanto, consideran "preocupante" que Torres-Dulce haya sido autorizado por el Gobierno a ejercer la abogacía tras su abandono del cargo de máxima autoridad del Ministerio Público en diciembre de 2014, por lo que no se ha cumplido el plazo mínimo establecido por ley. 

"El conocimiento que tiene un Fiscal General del Estado sobre investigaciones en curso propias o ya judicializadas debe resultar absolutamente incompatible con el ejercicio inmediatamente posterior de la profesión de letrado", explican desde UPF. Y consideran "profundamente censurable" que "el caudal de conocimientos e información que el ex Fiscal General adquirió en el ejercicio de su cargo pueda ser puesto ahora al servicio de la defensa de quienes el Ministerio Público investigue o acuse posteriormente".