LA FERIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La feria en la que ha convertido a la Administración Local su Ley de Racionalización y Sostenibilidad empezó por el sueldo de los alcaldes: durante toda la discusión del proyecto de esta Ley (aunque fue más bien un diálogo de sordos porque el Gobierno no quiso saber nada de casi nada) se habló de establecer como límite y referencia la cantidad de 100.000 euros, pero por algún extraño complejo no quisieron poner esa cantidad sino las retribuciones de un Secretario de Estado, desoyendo a quienes les dijimos que este no cobraba semejante importe, lo que se constató después a través de los Presupuestos Generales del Estado que lo rebajó en casi un 25 %. Entonces apareció la tómbola dando su primer premio: el “perrito piloto”, modificando la Ley y donde dije digo digo Diego y donde dije Secretario de Estado digo 100.000 euros.

Después aparecieron los malabaristas de las Comunidades Autónomas dictando normas para tratar de evitar que esa Ley se aplicase en sus respectivos territorios, algunas de ellas con verdaderos números de funambulismo sin red dictando simples circulares desconociendo el estado de derecho en el que vivimos, y ello a pesar de que cuando tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la misma en la sesión conjunta que celebraron al efecto en el Senado la mayoría hablaron de “lealtad institucional”, de la que se olvidaron nada más volver a sus sitios.

También actuaron los prestidigitadores para sortear las obligaciones contenidas en la Ley, como por ejemplo la asunción por las Comunidades de las competencias relativas a la salud de las que el año pasado deberían haberse hecho cargo del 20 % de los costes asumidos por los Ayuntamientos y este año tendrían que ir ya por el 40 %, y así sucesivamente hasta el 100 %, o de aquellas que dejen de prestar los municipios que no quieran seguir haciéndolo al no tener ya obligación, o no puedan prestarlas por su situación económica, o de la falta de financiación de las competencias delegadas, etc., etc. Otro tanto podríamos decir de las Diputaciones. Pero: abracadabra, nada por aquí, nada por allá.

Ahora la tómbola acaba de dar otro premio: la muñeca “chochona” en forma de la obligación de que las funciones de tesorería en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes sean desempeñadas por funcionarios con habilitación nacional, en su defecto por funcionarios de la Diputación correspondiente y. en último caso, por funcionarios del propio Ayuntamiento bajo la coordinación de los de la Diputación. Pero vamos a ver: una obligación semejante demuestra una vez más el desconocimiento de quien la impone de lo que es la Administración Local española. Esta medida incide fundamentalmente en los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en los que las funciones de Secretaría e Intervención las desempeña el mismo funcionario, cuando hoy día por el volumen de operaciones, por las obligaciones contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, e incluso por la gran cantidad de información que hay que remitir periódicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hubiera sido más lógico que, de tener que contar con dos funcionarios de habilitación nacional, fueran estos un Secretario y un Interventor en lugar de un Tesorero. Pero es que además debemos tener en cuenta los Ayuntamientos que tenemos en España, donde 470 no llegan a 50 habitantes ó 3.787 no alcanzan los 500. ¿Cuántos funcionarios creen en el Ministerio que hay en estos municipios?, ni siquiera en la inmensa mayoría de los 4.873 con menos de 1.000 habitantes, que son el 60 % del total, sin contar con la falta de capacidad económica para mantenerlos, por lo que quizás debería haberse empezado el circo por las jaulas y no por las fieras y acometer de una vez por todas la modificación de la planta local para tener Ayuntamientos con la suficiente entidad como para que cuenten con los tres tipos de funcionarios de habilitación nacional, que sería lo deseable y que con esta medida parece querer el Ministerio. Por cierto, se echa en falta la convocatoria de los procesos selectivos para que puedan existir los suficientes Tesoreros como para cumplir en plazo con esta nueva obligación, ¿o finalmente será otra de las medidas que irá al tren de los horrores de los incumplimientos de esa Ley de Racionalización y Sostenibilidad?

Y podría seguir, porque la feria crece y crece, además hay previstos números muy interesantes, como es la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias hasta ahora en manos de los Ayuntamientos en materia de servicios sociales, que habrán de serlo con la finalización de las campanadas de Nochevieja. Pero seguro que nos tienen reservado un número espectacular.

¡Pasen y vean!

Alejandro de Diego Gómez.

Secretario de Administración Local.