lunes, 11 de diciembre de 2017 10:32
Economía
INCUMPLIMIENTOS SISTEMÁTICOS

El Tribunal de Cuentas cuestiona que se fije un objetivo de déficit único para todas las comunidades

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Tribunal de Cuentas


El Tribunal de Cuentas cuestiona la decisión del Ministerio de Hacienda de fijar un objetivo de déficit único para todas las comunidades autónomas que, a su juicio, limita la "eficiencia" del procedimiento de consolidación fiscal y convierte en un "mero formalismo" el procedimiento de fijación de objetivos individuales.


Así consta en el 'Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros (PEF), planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de Pago a Proveedores'.


En dicho documento, que recoge Europa Press, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda recuerda que la normativa de Estabilidad Presupuestaria "contempla como situación normal la existencia de objetivos de déficit diferenciados para cada comunidad autónoma".


"Sin embargo, la práctica ha sido la fijación del mismo objetivo de estabilidad para todas las comunidades e igual al fijado para el conjunto autonómico", precisa el organismo fiscalizador, que recuerda la excepción de 2013, cuando sí hubo objetivos asimétricos, sin que el Consejo de Ministros haya justificado ni en un caso ni en los otros la motivación del criterio adoptado.


INCUMPLIMIENTOS SISTEMÁTICOS 


Este objetivo común para todas las regiones, junto con el hecho de que los presupuestos autonómicos y los planes económico-financieros se han elaborado con parámetros "distintos de los que a posteriori resultaron aplicables", ha hecho que las medidas de ajuste del déficit "perdieran eficacia".


Como consecuencia de ello, y pese al "considerable esfuerzo realizado por la práctica totalidad" de comunidades autónomas para ajustar su déficit (un 67,42% de media entre 2011 y 2014), el subsector autonómico ha incumplido de forma sistemática sus objetivos anuales.


En este sentido, el Tribunal destaca la "buena gestión" realizada por Castilla-La Mancha y Andalucía, que han reducido su desequilibrio presupuestario más de un 80% en dicho periodo, así como los resultados obtenidos por Canarias, Galicia, Madrid, La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Asturias y Extremadura que, sin embargo, "ha experimentado en 2014 un significativo deterioro".


"En general, el ejercicio 2014 ha supuesto una interrupción de la continua reducción del déficit desde 2012", lamenta el Tribunal, que critica que durante los últimos años ninguna comunidad autónoma con desviaciones en su ejecución presupuestaria planteó medidas de autocontrol adicionales salvo Andalucía (que finalmente no alcanzó sin embargo el objetivo), Canarias y Extremadura (que sí consiguieron cumplir con el objetivo).


Además, el Tribunal critica que pese a que los sucesivos informes de seguimiento de los planes de ajuste de 2012 y 2013 pusieron de manifiesto que varias comunidades se estaban alejando del cumplimiento de sus objetivos de déficit, "no consta que el Ministerio de Hacienda adoptase ninguna de las medidas" coercitivas que le permite la normativa vigente.


En este sentido, el organismo fiscalizador lamenta que la mayor parte de los planes económico-financieros no detallen suficientemente las medidas de control del gasto ni las vinculen con partidas presupuestarias concretas, lo que impide cuantificar el ahorro de forma precisa y dificulta su seguimiento.


Por todo ello, recomienda al Ministerio que "extreme el control" y que explique "tanto los criterios de distribución (del déficit) entre subsectores como la distribución horizontal entre comunidades", y a las comunidades que adopten "medidas de ajuste extraordinarias" para conseguir sus objetivos, que eviten desviaciones, que aporten información más "precisa y mensurable" sobre sus ajustes y que hagan "mayores esfuerzos" para la consolidación.


DÉFICIT, DEUDA Y GASTO 


El informe de fiscalización incluye por otra parte un resumen de los datos de déficit, deuda y gasto de las comunidades autónomas en los ejercicios 2012 y 2013.


Así, en 2012 el subsector autonómico tuvo un déficit conjunto del 1,84%, por encima del 1,5% fijado como objetivo, fundamentalmente por los desvíos de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Murcia y Navarra. 


Esta situación se repitió al año siguiente, cuando el desequilibrio alcanzó el 1,52% frente al 1,2% tope que tenían marcado, aunque esta vez fue por culpa de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.


Según el avance de datos de Hacienda que figura en el informe, hasta abril de 2015 el déficit autonómico se eleva al 1,65% del PIB, a pesar de que a final de año tiene que situarse en menos de la mitad (0,7%).


En cuanto a la deuda pública, a finales de 2014 se situaba en 209.773 millones de euros, equivalentes al 20% del PIB, excediendo el objetivo del 19,1%. No obstante, si se aplican las normas sobre cómputo de operaciones extraordinarias de financiación, las comunidades en su conjunto sí estarían por debajo del tope, aunque Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra sí incumplieron sus objetivos individuales de 2013.


De hecho, el Tribunal advierte de que entre 2011 y 2014 la deuda se ha incrementado un 63,17%, lo que podría "comprometer" la consecución del objetivo del 13% en 2020 salvo que "se aplique con rigor" la normativa y que la reducción sea de al menos dos puntos al año mientras la economía crezca al menos un 2% anual o genere un 2% de empleo cada año.


Incluso con esas condiciones favorables, las comunidades deberían "adoptar medidas para controlar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad" o el Gobierno central tendría que "revisar la senda de reducción" del endeudamiento, advierte además el informe.


Por último, todas las comunidades cumplieron la regla de gasto -la tasa de variación del gasto estuvo por debajo de la tasa de referencia de crecimiento del PIB nacional a medio plazo-, aunque el Tribunal advierte de que los presupuestos autonómicos "no disponen de la información necesaria para verificar el cumplimiento" de esta regla de gasto ni de "una metodología y criterios uniformes para aplicarla".


Por eso, el organismo recomienda que todas las regiones incluyan este tipo de información en sus cuentas públicas y sugieren que la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pida a la Intervención General del Estado un manual de criterios homogéneos que sirva de ayuda en este sentido.

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