El Congreso abre plazo para que el Gobierno dé vía libre al debate de la reforma exprés del TC

El Congreso de los Diputados ha remitido al Gobierno el texto de la reforma exprés del Tribunal Constitucional que ha planteado el PP, abriendo así un plazo de 30 días para que dé conformidad a su debate. En todo caso, y según indicaron a Europa Press en fuentes 'populares', la respuesta del Gobierno se prevé inmediata para cumplir con el calendario que han trazado con idea de poder completar la tramitación parlamentaria de la iniciativa antes de la disolución de las Cámaras prevista para el 20 o el 27 de octubre.

Esa proposición de ley del PP, que amplía las multas y permite suspender a los gobernantes y funcionarios que no ejecuten las sentencias del TC, fue calificada por el presidente del Congreso el mismo día de su presentación, sin esperar a la reunión que la Mesa tiene prevista el martes de la próxima semana.

Jesús Posada admitió que dio curso a la reforma porque el PP había pedido que fuera tratada por el procedimiento de urgencia y que se incluyera en la Junta de Portavoces del próximo martes con el fin de poder debatirla en la siguiente sesión plenaria, la misma donde se debatirán los Presupuestos Generales del Estadoy que comienza el día 14. Eso sí, subrayó que había contado con el aval de los servicios jurídicos de la Cámara.

El PSOE, junto con Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Convergència (CDC) y Unió (UDC), el PNV, UPyD y varios partidos del Grupo Mixto (CC-NC, BNG, Compromís y Geroa Bai), tienen recurrida esa decisión de Posada, un escrito que se verá el próximo martes en la Mesa de la Cámara, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta.

A la espera de ver qué pasa con ese recurso, la reforma exprés ha continuado su curso en la Cámara con su publicación en el Boletín de las Cortes Generales de este viernes. A partir de ahí se da un plazo de 30 días para que "el Gobierno manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación", ya que el Ejecutivo tiene potestad para vetar iniciativas que considere que suponen aumento de gastos presupuestario o disminución de los ingresos. Aunque el plazo es de 30 días, en el PP dan por hecho que la contestación del Ministerio de la Presidencia será inmediata y que, obviamente, el Gobierno dará vía libre a su debate.

El siguiente trámite será aprobar en el Pleno del Congreso el procedimiento de tramitación, que el PP ha pedido sea urgente, lo que supone acortar a la mitad los plazos parlamentarios, y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión).

La idea del PP es que en el Pleno de la semana del 14 de septiembre se apruebe tanto el procedimiento abreviado como la toma en consideración de la reforma del TC. A partir de ahí se abriría un plazo de enmiendas de poco más de una semana para poder aprobar la reforma exprés en la siguiente sesión plenaria del Congreso, nada más pasar las elecciones catalanas del 27S, y dejar la primera quincena de octubre para que el Senado complete la tramitación y, sin aceptar enmiendas, la envíe directamente la reforma al Boletín Oficial del Estado (BOE).