domingo, 17 de diciembre de 2017 14:58
Sociedad

Tres guardias civiles se enfrentan a ocho años de cárcel por estafa a un proveedor de droga

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Tres agentes de la Guardia Civil se enfrentan, en un juicio previsto para que empiece este martes, a ocho años de cárcel por presuntamente haber estafado a un proveedor de droga colombiano al hacerle creer que un alijo de cocaína que le habían comprado había sido intervenido por la policía, con la intención de venderla luego por su cuenta.


En su calificación, recogida por Europa Press, previo al juicio en la Audiencia de Barcelona, el fiscal acusa a Roberto de P., Cristóbal Lucas R. y Antonio S. de un delito contra la salud pública perpetrado por funcionario público, con lo que también pide su inhabilitación durante 15 años.


Los tres guardias civiles ya fueron juzgados en 2012 acusados de participar en el robo de un contenedor con unos 200 kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona, aunque fueron absueltos al no quedar probada su connivencia con traficantes para montar falsas redadas y vender luego el material.


Ahora, vuelven a sentarse en el banquillo por presuntamente planear la adquisición a un narcotraficante colombiano de cuatro kilos de cocaína junto a los traficantes Javier S., Antonio B., Daniel R. y David B. --que se enfrentan a seis años de cárcel-- y Juan Pedro L., para quien Fiscalía solicita un año de prisión.


Todos ellos habían sido juzgados por formar parte de la 'banda del puerto' y robar el contenedor de droga y todos fueron condenados salvo Juan Pedro L., un arrepentido cuya confesión aportó datos esenciales del 'modus operandi' del grupo.

En la causa que ahora se juzga, los acusados presuntamente se concertaron para aparentar que la Guardia Civil se incautaría del alijo para que, al publicarse en la prensa la operación policial, el traficante colombiano se resignase a no cobrarles la droga "atribuyendo a la fatalidad del éxito policial la pérdida de la mercancía".


De esto se encargaron precisamente los guardias civiles Roberto de P. y Cristóbal L., destinados en un puesto de Mollet del Vallès (Barcelona), y Antonio S. en la comandancia.


El grupo extrajo al menos tres de los cuatro kilos de cocaína y los sustituyeron por harina, teniendo cuidado de que se pudiera detectar lo suficiente el principio activo para dar publicidad a la noticia de la incautación y que llegara a conocimiento del proveedor colombiano.


Una vez hecha la incautación se publicó en la 'Revista del Vallès', de la que los acusados hicieron llegar un ejemplar al proveedor colombiano para que no les reclamase el pago de la droga; después, vendieron la sustancia por su cuenta.

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