C's quiere proteger a quien denuncie corrupción y evitar subvenciones a patronal y sindicatos

C's propone proteger e incentivar a quienes denuncien prácticas corruptas o irregulares en las instituciones, reducir a 100.000 las firmas necesarias para que el Congreso tramite una Iniciativa Legislativa Popular y evitar las subvenciones públicas a organizaciones empresariales y sindicales. 

Así lo explica el partido de Albert Rivera en el quinto bloque de propuestas de su programa económico y social, dedicado a la lucha contra la corrupción y el 'capitalismo de amiguetes'. Considera que tener unas instituciones "sanas" es indispensable para el desarrollo económico de un país, y para ello ve necesaria en España una reforma integral o "Big Bang institucional" que no permita un Estado "débil y clientelar".

A su modo de ver, para "instaurar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad y acabar con la patrimonialización de lo público, la corrupción y el despilfarro", se deben combinar las sanciones legales y los incentivos económicos con el rechazo moral y social.

Estas son algunas de las propuestas:

- Crear en los organismos públicos unidades independientes de investigación y represión de la corrupción para que ciudadanos y empleados públicos puedan denunciar anónimamente.

- Establecer incentivos positivos para los denunciantes de la corrupción mediante gratificaciones extraordinarias que podrán consistir en una parte del dinero que se haya recuperado con la denuncia. Se les concederá la condición de testigos protegidos si lo solicitan.

- Los imputados judicialmente por corrupción no podrán presentarse en listas electorales ni ocupar cargos públicos. La imputación formal será considerada causa de cese inmediato en los cargos de libre designación.

- Exigir responsabilidad patrimonial a los responsables de haber causado daños y prejuicios a los intereses generales.

- Suprimir los aforamientos.

- Conceder indultos sólo en casos excepcionales, de forma motivada y en ningún caso en contra de los informes técnicos y la opinión del tribunal.

- Fomentar el trabajo de equipos multidisciplinares para casos de corrupción que deberán actuar de forma independiente y bajo la supervisión del juez instructor.

- Consagrar el derecho a la información pública como un derecho fundamental y eliminar el silencio negativo administrativo.

- Dotar de independencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno incorporando miembros de la sociedad civil. Dicho organismo tendrá capacidad de imponer sanciones para casos de incumplimiento.

- Dotar de independencia a la Oficina de Conflicto de Intereses que, convertida en Agencia, debe rendir cuentas sólo al Parlamento.

- Las personas que hayan ocupado cargos políticos de relevancia no podrán (durante un plazo prudencial suficientemente amplio) trabajar para la empresa privada en los sectores en los que han actuado durante su actividad pública.

- Establecer un régimen de transparencia que permita conocer los intereses públicos de una empresa que contrata a un ex alto cargo o político para evitar que se produzca un 'pago de intereses'.

- Favorecer la estructuración de la sociedad civil a través de entidades independientes evitando las subvenciones institucionales y sin concurrencia competitiva, en particular, a organizaciones empresariales y sindicales, que dependerán fundamentalmente de financiación privada. Fomentar el crowdfunding como vía de financiación.

- Obligar a los partidos a elegir a sus candidatos en primarias y a celebrar congresos en fechas fijas.

- Auditorías obligatorias externas en los partidos y prohibición de donaciones por parte de personas físicas o jurídicas que hayan tenido, tengan o puedan tener en el corto plazo relaciones económicas con la Administración. Prohibición también de donaciones a las fundaciones u otras entidades ligadas a los partidos.

- Responsabilidad patrimonial subsidiaria del partido por actuaciones de sus miembros que causen perjuicio patrimonial a terceros.