jueves, 19 de octubre de 2017 02:05
Sociedad
ETA LE AYUDÓ A HUIR DE ESPAÑA

Aplazada la declaración por videoconferencia de Troitiño por un recurso del etarra

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Troitiño


La declaración por videoconferencia desde Londres del ex-preso etarra Antonio Troitiño Arranz, que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tenía previsto realizar este jueves, se ha aplazado después de que la defensa del terrorista haya presentado un recurso para evitar la comparecencia, informaron fuentes jurídicas.

 

El juez español quería celebrar la vista para comunicar a Troitiño, que fue detenido el 13 de febrero de 2014 en la capital británica, que se encuentra procesado por delitos de terrorismo que habría cometido tras su salida de la cárcel, que se produjo el 13 de abril de 2011.


Sin embargo, el etarra recurrió su citación ante el departamento del Ministerio del Interior británico (Home Office) equivalente a la Secretaría de Estado de Cooperación Jurídica Internacional, lo que ha provocado que el juez que iba a celebrar la comparecencia haya acordado un aplazamiento mientras se resuelve este recurso.


El Tribunal Superior de Londres denegó el pasado 31 de julio la entrega del ex-preso a España, al considerar que la Audiencia Nacional no había satisfecho los requisitos establecidos en la legislación del país para cumplimentar este trámite. Además, la Fiscalía británica anunció su intención de no recurrir esta decisión ante la Corte de Apelación.


PERTENENCIA Y FALSIFICACIÓN 


A pesar de ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 libró a mediados de agosto una comisión rogatoria urgente a las autoridades de Reino Unido en la que solicitaba la celebración de esta declaración, conocida en el argot judicial como indagatoria.


En concreto, De la Mata ha procesado al etarra por los delitos de pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos, que habría cometido al reintegrarse en ETA después de haber cumplido condena.


En la comisión rogatoria, además de la notificación a Troitiño del auto de procesamiento y la citación para declarar por videoconferencia, el juez pedía a Reino Unido que instara al imputado a designar un abogado y un procurador, con apercibimiento de que si no lo hace se le atribuirían de oficio.


JUICIO EN REBELDÍA 


En un auto el magistrado señalaba que en esta clase de proceso penal, correspondiente al trámite del sumario, y a la vista de las penas que eventualmente puedan ser solicitadas por una acusación contra Troitiño, "no es posible el juicio en rebeldía o ausencia del procesado".


"Su presencia física ante el tribunal de enjuiciamiento es, de acuerdo con la ley, completamente inexcusable. Ello obligará en su día al tribunal (la Audiencia Nacional), caso de que el procesado no comparezca voluntariamente, a solicitar su detención y entrega", apuntaba.


En todo caso, recordaba que su juzgado mantiene vigente la orden internacional de detención, ya que no comparte la decisión británica de no entregar a Troitiño, y de acuerdo a la legislación española, continúa en situación de fuga y sustracción a la acción de la justicia.


Además, señalaba que la instrucción ha concluido, indiciariamente, que Troitiño se reintegró en ETA después de su salida de prisión en España el 13 de abril de 2011, pasando a la clandestinidad tras ser ordenada su busca y captura por la Audiencia Nacional el día 19 del mismo mes de abril de 2011.


ETA LE AYUDÓ A HUIR DE ESPAÑA 


El etarra, según el juez, se puso entonces en contacto con ETA a fin de que le ayudara a huir de España, aceptando con ello "un sometimiento a las instrucciones" de la organización terrorista en relación con lo que denomina el Colectivo de Refugiados, rama que agrupa a los militantes en países que no sean España o Francia, "siempre a disposición" de la banda. Además, hizo llegar una foto suya al aparato de falsificación de ETA, que confeccionó con ella seis DNIs simulados.


También disponía de dos permisos de conducir y dos tarjetas sanitarias europeas falsificadas, que fueron intervenidas en el piso de Londres donde fue detenido en junio de 2012. Esa infraestructura, según el magistrado español, era de ETA y estaba dispuesta para acoger a militantes de la organización de acuerdo al denominado Protocolo de Refugiados.

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