martes, 17 de octubre de 2017 20:45
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La Fiscalía argentina acusa a Marsans de presunto fraude contra el Estado

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El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, han anunciado la presentación de una denuncia contra el Grupo Marsans, el fondo Burford Capital y el estudio de abogados argentinos Fargosi y Asociados, por un presunto fraude contra el Estado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.


Tras la salida de Marsans de Aerolíneas Argentina, el fondo especulativo habría comprado los derechos del litigio que el grupo español inició contra el país suramericano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.


La procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, señaló que "se encontró un contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi" por unos 1.600 millones de dólares, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, informa la agencia pública de noticias argentina Télam.


El fiscal puntualizó que "Marsans y Burford hicieron un convenio para que en caso de que el Ciadi falle a favor de los españoles, luego de pagarle los honorarios correspondientes, el resto lo depositen en una cuenta del fondo buitre que además tomó el patrocinio en el juicio".


"La Argentina no sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos 1.000 millones (de dólares) por su gestión en Aerolíneas", dijo la procuradora general del Tesoro, quien denunció que Marsans "estaría burlando a sus acreedores, con el doble riesgo para la Argentina de tener que pagar el fallo del juicio, pero también una futura demanda de los acreedores" del grupo español.


El expropietario del grupo y ex presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, fue condenado el pasado 7 de julio a cinco años y seis meses de cárcel por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.


Además, la Audiencia Nacional le impuso el pago de una multa de 1,2 millones de euros por la comisión de blanqueo, perpetrado al vaciar el patrimonio del Grupo Marsans.


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