domingo, 20 de agosto de 2017 22:56
Sociedad
MUCHAS "TRAMAS DELICTIVAS"

Velasco trocea la causa Púnica en doce piezas para agilizar la investigación

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Eloy Velasco


El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha troceado la causa en la que investiga las actividades de la trama de corrupción Púnica, que presuntamente lideraba el exsecretario general del Partido Popular Francisco Granados, en doce procedimientos separados, a fin de lograr "una tramitación más rápida y ordenada" y permitir "el enjuiciamiento sin dilaciones" de las piezas en las que se haya finalizado la instrucción.

 

El magistrado, que mantiene imputados en el 'caso Púnica' a un centenar de personas, entre ellas cuatro exconsejeros de la Comunidad de Madrid y una decena de alcaldes, justifica la desmembración del procedimiento argumentando que el sumario tiene más de 65 tomos y 50.000 folios, lo que resulta "inmanejable", y que muchas de las actividades investigadas no están "relacionadas entre sí".


De esta forma, Velasco investigará por separado las actividades de los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y su amigo de la infancia, el constructor David Marjaliza; las labores de reputación 'on line' que las empresas EICO y Madiva, de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, prestaron a administraciones como la Comunidad de Madrid; y la trama internacional de blanqueo de capitales.


El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también crea piezas separadas para investigar las actividades de la red con la Diputación de León, la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Valdemoro y otras corporaciones locales madrileñas como Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco.


También instruirá en procedimientos independientes las actividades referidas a la empresa de asesoría medioambiental Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez; la compañía de organización de eventos Waiter Music; o la promotora de colegios concertados Alfedel. De igual modo, crea una pieza específica sobre Granados y sus colaboradores y deja una causa principal en la que se investigarán "otros hechos" contenidos en el sumario.


MUCHAS "TRAMAS DELICTIVAS"


En un auto notificado este miércoles, el juez recuerda que la causa se inició en junio de 2014 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y que a lo largo de la investigación han ido surgiendo "tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas".


Tras apuntar que la causa empieza a estar "definida", señala que, aunque todas las piezas tienen el "hilo conductor" de ciertos "conseguidores" que van "expandiendo influencias" por diferentes administraciones públicas, "afectando a diversos órganos de contratación e incluso a diferentes formaciones políticas en épocas diversas en el tiempo", es aconsejable "la división más afín temática posible para una continuación ordenada de la causa".


A juicio del magistrado, que analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo, mantener en este momento procesal en una misma causa "tramas tan diversas" supondría "dilatar plazos de interinidad en espera de enjuiciamiento a implicados muy diversos, sin relación entre sí, en función del avance de complicadas diligencias", como las comisiones rogatorias internacionales que afectan sólo "a unos pocos imputados".


El juez, que también cita la reforma de la LECRIM que limita a 18 meses la instrucción de causas complejas salvo prórrogas justificadas, señala que el mantenimiento de un único procedimiento podría "lastimar involuntariamente más tiempo" el derecho que tienen los imputados a la presunción de inocencia y a que los procedimientos se instruyan sin dilaciones indebidas.


UN CENTENAR DE IMPUTADOS


La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.


Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, ademá de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.


En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.


El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.

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