El juez da el primer paso para enviar a juicio a exaltos cargos de Unió Mallorquina

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha puesto fin a la instrucción de las investigaciones centradas en el presunto desvío de más de 200.000 euros del Consell de Mallorca que fueron utilizados en 2007 para captar votos a favor de Unió Mallorquina (UM). 

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha puesto fin a la instrucción de las investigaciones centradas en el presunto desvío de más de 200.000 euros del Consell de Mallorca que fueron utilizados en 2007 para captar votos a favor de Unió Mallorquina (UM), y ha dado el primer paso para que tres exaltos cargos de la formación y otras cinco personas se sienten en el banquillo por estos hechos.

Mediante su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez decreta que continúe el proceso penal contra el exdirector insular de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, la exjefa de Programas Coloma Munar, Eugenia Cañellas, quien fuese secretaria general técnica del exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, y contra los colaboradores con los que contaron para realizar tareas de proselitismo y difusión del programa del partido.

En concreto, se trata de una pieza separada del conocido como caso Maquillaje en la que el magistrado apunta a la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad por funcionario, falsedad documental y oficial y tráfico de influencias.

A partir de ahora, la Fiscalía deberá decidir a quiénes acusa y qué penas solicita para ellos -tras lo cual el magistrado abrirá juicio oral contra los procesados- o si por el contrario pide el sobreseimiento de la causa.

En su resolución, contra la que cabe recurso de reforma o apelación, el juez relata cómo Lliteres, Cañellas y Munar se pusieron de acuerdo, de cara a las elecciones autonómicas de 2007, para utilizar fondos públicos con los que premiar a personas o entidades que habían llevado a cabo o seguían realizando labores de captación de votos a favor de UM.

De este modo fue como los exaltos cargos decidieron montar expedientes de contratación que tendrían la apariencia de contratos públicos en beneficio de la Administración pero que en realidad ocultaban el pago, con fondos públicos, de la búsqueda de sufragios.

En realidad, precisa el magistrado, estaban destinados a sufragar actos o eventos organizados por asociaciones o colectivos de inmigrantes en los que participarían los líderes de los mismos y personas destacadas de UM con el objetivo de dinamizar el voto de estos colectivos a favor de la extinta formación regionalista.

A tales efectos contaron con la colaboración del presidente de la Federación Argentina de Mallorca, Jorge Mandado; las comuneras de Girasol Productions Carina Barroso y Lucía Estella; la presidenta de la Asociación Mallorquines en América Norma Aurora Mario, y en una ocasión con el exjefe de Inversions per a la Millora de l'Entorn Turístic (IMET) Antoni Rebassa. Todos ellos considera que deben sentarse en el banquillo.

La mayoría de los contratos, añade el juez, se formalizaron en torno a los 12.000 euros -de tal modo que pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso-, no reportaban ninguna utilidad pública y fueron tramitados sin respetar la normativa administrativa legal sobre contratación pública, además de no corresponderse su contenido con los servicios efectivamente prestados.

Entre ellos, hasta un total de 17, constan un 'acto de clausura de actividades' por 11.895 euros que camuflaba la organización del certamen Miss Baleares Argentina; 'Trobada familiar de Pasqua' por 11.731 euros -en realidad era una parrillada de la Casa Argentina-; 'Visita de joves a la UIB', sin que figure precio ni su realización, o la 'organización de excursión a Alcúdia para colectivos de otras nacionalidades' por 11.805 euros que tampoco aparece como realizada.