martes, 12 de diciembre de 2017 14:50
Sociedad

La ex directora de Minas defiende la "legalidad" y "exquisitez" de la Junta en Aznalcóllar

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María José Asensio Coto


La ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto ha declarado este jueves como imputada por un presunto delito de prevaricación ante la juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, y ha defendido que la Junta actuó con "legalidad" y fue "especialmente exquisita" en este caso.

 

En declaraciones a los periodistas tras prestar declaración durante dos horas ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, María José Asensio se ha mostrado "satisfecha" de haber podido contestar a "todas" las preguntas de la magistrada y de resolver "todas las dudas" que le han podido manifestar tanto la instructora como la fiscal. "Al menos ya ha llegado el momento en que nosotros podemos responder", ha puesto de manifiesto.


"Ha quedado claro absolutamente todo lo que me han preguntado y yo he intentado dejarlo claro, también con mi capacidad y las dos horitas de tiempo que hemos estado", ha agregado la ex directora general de Minas, que fue cesada tras su imputación en agosto y que, en su comparecencia, únicamente ha respondido a las preguntas de la juez, de la fiscal y de las defensas, negándose a contestar a las preguntas de las acusaciones que ejercen Ecologistas en Acción y Emerita.


Preguntada por si la Junta ha actuado con "legalidad" en el procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, la imputada ha respondido que "absolutamente", añadiendo que "hemos sido especialmente exquisitos en este caso", y "es lo que he intentado trasladarle a la juez".


CONFIANZA EN LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL 


Asimismo, y cuestionada por si confía en volver al puesto del que ha sido cesada, María José Asensio ha respondido que confía "absolutamente" en la instrucción "y en el trabajo que hay que hacer aquí, y más allá de eso no pienso siquiera".


De su lado, fuentes próximas al procedimiento han señalado a Europa Press que María José Asensio, durante su comparecencia, ha aclarado todas las fases del procedimiento del concurso de Aznalcóllar, destacando la "rigurosidad" de la actuación de la mesa del concurso, la "legalidad" de su actuación y la "igualdad de trato" otorgada a las empresas, también a la perdedora, Emerita Resources.


En particular, Asensio ha querido exponer las cifras de los proyectos de las empresas competidoras, puesto que desde que se hizo pública la identidad de la empresa adjudicataria han sido numerosas las opiniones que han atribuido al proyecto de Emerita una cuantía inversora superior que la justificada por Minorbis. Para aclarar este punto, Asensio ha puesto de manifiesto que Emerita "ha querido computar como gastos de inversión lo que eran fundamentalmente gastos de operación de la mina".


Según estas fuentes, si se tiene en cuenta la cifra de inversión para poner en marcha la mina de Aznalcóllar, las ofertas de la empresa ganadora y de Emerita "son similares", ya que el presupuesto de Emerita asciende a 317 millones, mientras que el de Minorbis es de 304.


NIEGA "TRATO DE FAVOR" A MINORBIS 


Por otro lado, Asensio también ha desmentido "cualquier clase de presunto trato de favor" a Minorbis, añadiendo que la mesa "actuó siempre favoreciendo la concurrencia de los licitadores, en aras de que, gracias a la competencia entre ellos, pudiera surgir el mejor proyecto minero para la comarca".


Por ejemplo, cuando presentó su anteproyecto, Emerita estimó su inversión en 235 millones, de los que sólo 21,5 millones correspondían específicamente a actuaciones mineras, "utilizando esa cifra porque el volumen de negocio del banco de inversión canadiense Forbes & Manhattan que avalaba su oferta tan sólo podía respaldar esa cantidad", han indicado las fuentes.


Por tanto, la oferta presentada fue admitida "con generosidad" por la mesa del concurso "por un principio de favorecimiento de la competencia". Sin embargo, "si entonces hubiera indicado que su proyecto ascendía a 640 millones como luego ha contado a los medios, Emerita no hubiera podido continuar en la licitación por no tener solvencia económica para acometer un proyecto de tal entidad".


"NINGUNA IRREGULARIDAD" 


Por último, y a preguntas de la juez, Asensio ha recalcado que la empresa que auxilió a la Administración en la fase preliminar del concurso fue Servicios Mineros de Andalucía. Posteriormente, algunos de los técnicos de esa empresa colaboraron con ambas licitadoras, tanto con Emerita como con Minorbis, colaboración que "no contravenía la legislación de concursos".


De su lado, el abogado de la ex directora general de Minas, José María González, ha dicho a los periodistas que, en su declaración, su patrocinada ha defendido que su actuación fue "correcta" y que "no hay en absoluto ninguna irregularidad que pueda traernos aquí".


Sobre las "contradicciones" que la juez apreció en torno al análisis de la solvencia económica de la empresa ganadora, México-Minorbis, el letrado ha señalado que el auto dictado por la juez "habla de unas contradicciones en la actuación de una señora que venía de Invercaria", en referencia a Pilar Trujillano, quien "no tenía que avalar la solvencia económica", pues la mesa del concurso público para la adjudicación del yacimiento "tenía que constatar que se daban los requisitos necesarios para constatar la solvencia", y Trujillano "tenía que asesorar a la mesa, pero no tenía que avalar nada".


"Asesoró a la mesa, tenía que dar una serie de parámetros y ya está" en base a la documentación aportada por ambas empresas, ha aseverado el abogado, que ha mostrado su confianza en que la juez levante la imputación respecto a su cliente, "porque no ha habido ninguna irregularidad".


SEGÚN EMERITA, LA IMPUTADA "NO DICE LA VERDAD" 


A su juicio, "es un asunto de que el que no ha ganado está protestando", de manera que "este no es el escenario donde hay que dirimirlo". "Hay que dirimirlo en el contencioso-administrativo, no en la jurisdicción penal", ha remarcado.


Por su parte, el abogado que ejerce la acusación en nombre de Emerita, Ramón Escudero, ha lamentado que la imputada se haya negado a responder a las preguntas de las acusaciones y ha asegurado que, en su comparecencia, "ha quedado claro que no dice la verdad".


En la jornada de este jueves, la magistrada también ha tomado declaración a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, quienes tampoco han respondido a las preguntas de las acusaciones.


Al concluir las declaraciones, las defensas han señalado que los tres imputados "han explicado con todo lujo de detalles" que en este asunto no existía "ni un sólo problema jurídico", para lo que han aportado artículos, resoluciones, sentencias, directivas de la Unión Europea y distinta jurisprudencia.


A criterios de las defensas, las preguntas preparadas por la acusación particular "muestran una ignorancia jurídica sobre el caso", ya que se trata de preguntas "completamente ajenas al proceso penal", por lo que, "por su falta de rigor y respeto" hacia los imputados, "no merecían ser respondidas".

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