Más de 1.500 personas, excluidas de la asistencia sanitaria entre enero de 2014 y julio de 2015

Entre enero de 2014 y julio de 2015, 1.567 personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria en España como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 16/2012, aprobado por la exministra Ana Mato y en el cual se establecía que las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias.

Sin embargo, un informe realizado por la Red de Denuncias y Resistencia al Real Decreto (REDER), de la que forman parte 300 personas y organizaciones (como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), ha mostrado que en 18 meses "muchas personas" no han podido acceder a los servicios sanitarios, a pesar de que tenían por ley ese derecho.

En concreto, REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se les ha denegado la atención médica; 232 incidencias en Urgencias, que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro; y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

"Con estos datos la única salida es la derogación del Real Decreto porque es injusto, ineficaz y vulnera el derecho universal a la salud. Además, se puso en marcha de una manera confusa, lo que ha dado lugar a que todo el desarrollo del mismo haya multiplicado los efectos negativos de la exclusión", ha explicado la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín.

CASOS DE ENFERMEDADES GRAVES 

Asimismo, los datos aportados incluyen 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 patologías degenerativas musculares, 8 de otro de tipo enfermedades degenerativas, más de 28 casos potencialmente mortales si no recibían el tratamiento sanitario adecuado y 27 personas con graves problemas de salud mental.

Del mismo modo, la red ha mostrado que 25 casos de familiares ascendientes se han encontrado perdidos en un laberinto jurídico y legal y no han logrado ser atendidos en los servicios sanitarios, a pesar de que muchos de ellos padecían cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas potencialmente mortales, artritis y otros reumatismo. También, algunos tenían que recibir un seguimiento tras haberse sometido a una operación quirúrgica en su país de origen.

IMPORTANTE DESINFORMACIÓN 

La desinformación ha sido otro de los aspectos que han contribuido a engrosar estos datos ya que, tal y como muestra el informe, un 12 por ciento de los casos registrados corresponde a incidencias producidas por este hecho.

A esta cifra hay que sumar un 22 por ciento de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho, y un 12 por ciento de a quienes se les denegó la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que manejaba el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.

"Las comunidades autónomas han implantado el Real Decreto de una forma distinta, lo que ha hecho que los profesionales sanitarios hayamos tenido una confusión total", ha señalado la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), María Fernández García.

En este punto, el trabajo realizado por REDER ha mostrado que al menos un 73 por ciento de los casos de exclusión sanitaria proceden de comunidades donde existían programas o normativas autonómicas creados 'ad hoc' para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.

Ahora bien, ante ello, la representante del Observatorio valenciano por el Derecho Universal a la Salud (ODUSALUD), Amparo Picazo, ha avisado de que hasta que no se derogue el Real Decreto, los "parches" puestos por las diferentes comunidades para paliar el problema seguirán siendo "parches, mejor o peor puestos, pero parches".

Finalmente, y respecto al anuncio del Ministerio de Sanidad de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y de las promesas electorales realizadas por diferentes partidos de derogar el Real Decreto si ganan las elecciones, los representantes de las asociaciones han mostrado su satisfacción.

"Es positivo lo que se está haciendo pero hay grandes diferencias. Lo que queremos es que se derogue la medida y que a los profesionales nos faciliten directrices más concretas sobre lo que tenemos que hacer", ha zanjado Fernández García.