lunes, 18 de diciembre de 2017 13:55
Politica

Murcia y Madrid plantean a Sanidad modificaciones en los requisitos para atender a los inmigrantes 'sin papeles'

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Murcia y la Comunidad de Madrid han planteado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cambios en los requisitos propuestos hace unas semanas a las comunidades autónomas para armonizar la atención de los inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles' dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).


De hecho, ambas comunidades son las únicas que hasta el momento han presentado alegaciones a la propuesta que hizo el departamento de Alfonso Alonso para garantizar la atención social y sanitaria a estos inmigrantes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio.


Precisamente las dos únicas autonomías gobernadas por el PP que, tras las elecciones autonómicas de mayo, han defendido la necesidad de ampliar la cobertura sanitaria que se da a este colectivo, que desde 2012 había quedado limitada a urgencias, atención pediátrica, embarazo, parto y postparto.


En la reunión, celebrada el pasado 2 de septiembre en el marco de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS, a la que no asistieron ni el ministro ni los consejeros del ramo sino técnicos de sus departamentos, Sanidad planteó una serie de "criterios mínimos" para ampliar la atención sanitaria en los centros de salud.


Entre las alegaciones que ha hecho Murcia, según ha explicado a Europa Press la directora general de Asistencia Sanitaria del Sistema Murciano de Salud (SMS), Mercedes Martínez-Novillo, está la de reducir de seis a tres meses el periodo mínimo de empadronamiento para poder ser atendidos, y que se pueda tener en cuenta el tiempo que hayan permanecido registrados en otras comunidades.


"Nos parece que puede recoger mejor las necesidades de estas personas, y la posibilidad de acumular los empadronamientos en otras comunidades beneficiaría a los temporeros", ha defendido.


Además, Murcia también ha pedido que quede claro que estos pacientes también podrán acceder a la cartera suplementaria de servicios, que entre otras cuestiones incluye la atención ortoprotésica, y que se puedan beneficiar de este sistema aquellos ciudadanos nacidos en España que "pudieran quedar desprotegidos" en caso de perder la prestación por desempleo.


En cualquier caso, ha aclarado Martínez-Novillo, "en realidad el documento planteado por Sanidad estaba ya bastante trabajado y partía de bastante consenso", y recuerda que con independencia de que se llegue a un acuerdo "las comunidades son libres de aplicarlo con más o menos intensidad".


De hecho, pocos meses después de la reforma sanitaria impulsada por la entonces ministra Ana Mato la comunidad murciana publicó una resolución "viendo que había grupos de población que podían quedar desprotegidos", y ampliaron la atención sanitaria a cualquier ciudadano extranjero, con o sin permiso de residencia, con una enfermedad contagiosa o crónica grave.


La Comunidad de Madrid también ha presentado alegaciones que "están en la línea de lo que proponía el Ministerio", según han reconocido a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad que, sin embargo, no han querido precisar su contenido. "No nos parece adecuado difundirlas ahora", ha explicado.


Además, han recordado que las instrucciones que han ido emitiendo sobre este tema eran "transitorias" para dar una cobertura inmediata a estos inmigrantes a la espera de que se acordaran unos criterios comunes permanentes.

A finales de agosto, el Gobierno de Cristina Cifuentes ordenó a través de una circular interna dirigida a los centros sanitarios de la región que se prestara todo tipo de asistencia sanitaria a "todas las personas inmigrantes" que acudan "con o sin documentación". Además, ideó un código para que pudieran adquirir sus medicamentos con receta más baratos.


Precisamente la propuesta del Ministerio plantea que si el médico de familia lo considera oportuno estos inmigrantes podrían ser derivados a un especialista y, en caso de prescribirles medicamentos, tendrían un copago del 40 por ciento, como el que tienen los asegurados con rentas anuales inferiores a 18.000 euros.


Para que puedan ser atendidos en los centros de salud, previamente deberán justificar que no disponen de "recursos suficientes ni recursos superiores en cómputo anual al IPREM" --indicador público de renta de efectos múltiples, que en 2015 se sitúa en 532,51 euros al mes-- de su unidad familiar, y que no tienen cobertura sanitaria por ninguna otra vía. 

Además, quedarían registrados en la base de datos del SNS, garantizando que Interior no tendría acceso a su información.

Tras la reunión organizada por Sanidad para presentarles dicha propuesta, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, reconoció que las regiones gobernadas por el PSOE se limitaron a pedir la derogación de la reforma sanitaria de 2012.

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