viernes, 18 de agosto de 2017 22:11
Politica

El Congreso tramita este martes el suplicatorio de Viera, que no se opone a perder el fuero

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José Antonio Viera



La Comisión del Estatuto del Diputado tiene previsto tramitar este martes el suplicario contra el exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera, el único imputado en el caso de los ERE fraudulentos que mantiene su escaño en la Cámara Baja, y lo hará con el consentimiento del afectado, quien ha dicho no oponerse a perder su fuero parlamentario. 


Según ha explicado el propio Viera a Europa Press, en el escrito de alegaciones que ha remitido a la Comisión del Estatuto de Diputado se limita a ratificarse en la declaración que hizo el pasado mes de abril ante el juez Alberto Jorge Barreiro, quien instruye la causa de los ERE en el Tribunal Supremo y que imputa al exconsejero los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.


LO MISMO QUE LE DIJO AL INSTRUCTOR

En aquella declaración, el entonces todavía diputado del PSOE -después, cuando el Supremo pidió permiso para investigarle abandonó el Grupo Socialista para recalar en el Mixto- aseguró que su labor en la Consejería de Empleo se limitaba a la acción política, negó que hubiera creado la estructura que dio origen a la supuesta trama fraudulenta y descargó la responsabilidad en las personas que estaban por debajo de él en el organigrama de la Consejería

Tal y como hizo ante el juez, en sus alegaciones Viera negó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa ya que su profesión es la de maestro y carece de "formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios", por lo que confiaba plenamente en sus subordinados.


Una vez recibidas las alegaciones del parlamentario, la Comisión del Estatuto dará este martes vía libre a la concesión del suplicatorio y elevará su decisión al Pleno del Congreso, que la someterá a votación en su reunión de la próxima semana, tal y como establece el Reglamento de la Cámara.


POSADA AVISARÁ AL CGPJ


Cuando el Pleno se haya pronunciado, el presidente del Congreso, Jesús Posada, tendrá ocho días de margen para comunicar el resultado de la votación al presidente del Tribunal Supremo y de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.


La Sala de Admisión del Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio contra Viera el pasado 9 de julio y dejó en suspenso las tramitación de las actuaciones que le afectan hasta que se pronunciase el Congreso.


Dado que julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios, los 60 días con los que cuenta el Congreso para tramitar el suplicatorio no empezaron a contar hasta el pasado 1 de septiembre, cuando arrancó el periodo ordinario de sesiones.


No obstante, la Mesa del Congreso aprovechó una de sus reuniones de julio para aceptar la petición del Supremo y remitirla a la Comisión del Estatuto del Diputado. El órgano que preside el 'popular' Aurelio Romero le dio trámite el pasado 8 de septiembre, abrió un plazo de diez días para que Viera le remitiera sus alegaciones, y terminará su tarea este martes elevando al asunto al Pleno.


SE HAN CONCEDIDO 30 SUPLICATORIOS 


Hasta ahora el Congreso ha aprobado 30 suplicatorios y ha rechazado 13. Los tres últimos que salieron adelante permitieron juzgar a tres diputados del PP -Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'.


Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.


Por contra, recientemente el todavía portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ha sido sentenciado por la justicia ordinaria a rectificar una falsa acusación del PP, en un proceso aceptado por las partes y sin intervenir el Supremo.

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