La juez del caso Aznalcóllar cita a declarar este viernes a otros cuatro imputados

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha citado a declarar este viernes a cuatro de las siete personas imputadas en la causa. 

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez ha citado a declarar a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.

El pasado día 17 de septiembre, ya comparecieron ante la juez los primeros tres imputados, entre ellos la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, quien defendió que la Junta actuó con "legalidad" y fue "especialmente exquisita" en este caso.

María José Asensio, durante su comparecencia, aclaró todas las fases del procedimiento del concurso de Aznalcóllar, destacando la "rigurosidad" de la actuación de la mesa del concurso, la "legalidad" de su actuación y la "igualdad de trato" otorgada a las empresas, también a la perdedora, Emerita Resources.

En particular, Asensio quiso exponer las cifras de los proyectos de las empresas competidoras, puesto que desde que se hizo pública la identidad de la empresa adjudicataria han sido numerosas las opiniones que han atribuido al proyecto de Emerita una cuantía inversora superior que la justificada por Minorbis. Para aclarar este punto, Asensio indicó que Emerita "ha querido computar como gastos de inversión lo que eran fundamentalmente gastos de operación de la mina".

Según estas fuentes, si se tiene en cuenta la cifra de inversión para poner en marcha la mina de Aznalcóllar, las ofertas de la empresa ganadora y de Emerita "son similares", ya que el presupuesto de Emerita asciende a 317 millones, mientras que el de Minorbis es de 304.

NIEGA "TRATO DE FAVOR" A MINORBIS

Por otro lado, Asensio también desmintió "cualquier clase de presunto trato de favor" a Minorbis, añadiendo que la mesa "actuó siempre favoreciendo la concurrencia de los licitadores, en aras de que, gracias a la competencia entre ellos, pudiera surgir el mejor proyecto minero para la comarca".

Por ejemplo, cuando presentó su anteproyecto, Emerita estimó su inversión en 235 millones, de los que sólo 21,5 millones correspondían específicamente a actuaciones mineras, "utilizando esa cifra porque el volumen de negocio del banco de inversión canadiense Forbes & Manhattan que avalaba su oferta tan sólo podía respaldar esa cantidad".

Por tanto, la oferta presentada fue admitida "con generosidad" por la mesa del concurso "por un principio de favorecimiento de la competencia". Sin embargo, "si entonces hubiera indicado que su proyecto ascendía a 640 millones como luego ha contado a los medios, Emerita no hubiera podido continuar en la licitación por no tener solvencia económica para acometer un proyecto de tal entidad".

Por último, y a preguntas de la juez, Asensio recalcó que la empresa que auxilió a la Administración en la fase preliminar del concurso fue Servicios Mineros de Andalucía. Posteriormente, algunos de los técnicos de esa empresa colaboraron con ambas licitadoras, tanto con Emerita como con Minorbis, colaboración que "no contravenía la legislación de concursos".

PETICIÓN DE ECOLOGISTAS 

Además de a la ex directora general de Minas, la magistrada también tomó declaración como imputados a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos.

Asimismo, y por medio de un auto notificado este miércoles, la instructora rechazó por ahora la petición realizada por Ecologistas en Acción para que imputara en la causa a tres miembros de la mesa de contratación, argumentando que todavía tiene que tomar declaración a otros cuatro imputados.

En su escrito, la organización ecologista, personada como acusación particular en la causa, pedía a la juez que imputara al jefe de departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Juan Manuel Revilla; al jefe del Servicio de Minas, Iván Maldonado, y al secretario general de la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, Salvador Camacho.