domingo, 17 de diciembre de 2017 03:34
Politica

Victoria admite que medió para que pagaran al 'conseguidor' De Pedro pero nunca en negro

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Victoria


Victoria, que ha declarado como imputado durante más de tres horas, ha señalado que realizó esta gestión porque se lo pidió la directora general de Medios de Comunicación, Isabel Gallego, a la que ha señalado como la persona que contrató a De Pedro. "Le atendí porque era muy insistente y traté de tranquilizarlo diciéndole que se le pagaría cuando se solucionaran los problemas de tesorería y tuviéramos liquidez", ha explicado.


No obstante, ha matizado que los trabajos que las empresas de De Pedro (Madiva y EICO) realizaron para la Comunidad de Madrid, que nunca se plasmaron en ningún contrato, consistieron en el posicionamiento en redes sociales de las labores de la Administración regional y no en la mejora de la reputación 'on line' del entonces presidente Ignacio González o de sus consejeros. "Mi Twitter me lo llevo yo", ha asegurado Victoria, según las fuentes presentes en el interrogatorio.


A pesar de que la investigación ha revelado que el informático valenciano llamaba de forma habitual a Victoria para solicitar el pago de las facturas que estaban pendientes, el exconsejero ha dicho que sólo le vio "una vez" y que el trato entre ambos era "esporádico". En este sentido, ha admitido haber estado presente en una comida que tuvo lugar en julio de 2014 y ha negado otro encuentro de similares características.


SE LLEVABA MAL CON NICOLÁS 

El juez Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez, han preguntado repetidamente a Victoria, de forma "sugestiva" y "buscando una respuesta equívoca o dubitativa", según las defensas de los imputados, por tres pagos de 120.000 euros que supuestamente habría ordenado realizar a la empresa Indra.


El exnúmero dos del Gobierno madrileño, que continúa imputado por los delitos prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos, ha asegurado que no dio ninguna orden al entonces consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente de su departamento, para realizar estos pagos. De hecho, ha apuntado que nunca tuvo una buena relación con él y que fue su subordinado el primero que le habló de De Pedro para que lo contrataran.


También ha minimizado sus relaciones con Indra, multinacional a la que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de la realización de encuestas y otros trabajos de interés político, según un auto del juez Velasco. Victoria ha dicho que la única relación que tuvo con la compañía fue la derivada de la firma de un contrato para el desarrollo de aplicaciones informáticas en los juzgados madrileños, por el que fueron remunerados jueces, fiscales, funcionarios y secretarios judiciales.


DOS DECLARACIONES FALLIDAS 


Victoria dimitió de todos sus cargos en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de junio. El juez considera que dispensó un "trato de favor" a De Pedro, uno de los 'conseguidores' de contratos de la trama presuntamente liderada por el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, y ordenó al menos cinco pagos en negro para remunerar sus trabajos de reputación 'on line' para altos cargos.


El exconsejero, que se negó a declarar en dos ocasiones en el marco de este procedimiento, solicitó comparecer a petición propia ante el juez instructor tras haber conocido el contenido íntegro del sumario, cuyo secreto fue levantado el pasado 22 de julio.


El imputado acudió por primera vez a la Audiencia Nacional el 26 de junio aunque el juez instructor pospuso su declaración después de que su defensa, ejercida por el abogado José Javier Vasallo, planteara que había sido citado cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).


El magistrado le volvió a tomar declaración el 20 de julio aunque Victoria volvió a ejercer su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, Velasco le prohibió salir del territorio nacional, ordenó la retirada de su pasaporte y le impuso comparecencias mensuales para asegurar su sometimiento al procedimiento judicial.


PAGOS ILÍCITOS 


El juez cree que Victoria habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de reputación 'on line' e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos, así como contratos de publicidad que se otorgaron de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.


De Pedro relató ante la Guardia Civil que una de las retribuciones de Indra, abonado por su directivo Santiago Roura, se efectuó en un vehículo de alta gama, "un Audi, Mercedes o BMW", en el parque empresarial de La Moraleja. Le dieron un sobre con 10.000 euros y le dijeron que "se bajara del coche".


El pago se hizo a instancias de Martínez Nicolás. "Pepe me dijo que fuera a un sitio, que me estaba esperando una persona de Indra y asistí. Cuál fue mi sorpresa que cuando asistí, tenía un sobre debajo del asiento. Me dijeron: 'Coge el sobre y abre la puerta'. Había 10.000 euros", señaló después ante el juez.


Del mismo modo, el también imputado Víctor Torres admitió ante el juez instructor que entregó dos sobres con dinero negro porque el empresario para el que solía trabajar en la organización de eventos para la Comunidad de Madrid le encargaba muchos trabajos y llegó a colocar a su hijo. "Yo soy un desgraciado. Pequé de idiota", afirmó.



Según su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, las entregas se produjeron en el Hotel de Las Letras de Madrid y tuvieron como destinatarios a De Pedro y a su socio, el exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa (PSOE).


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