Joana Ortega niega desobediencia y Rigau asegura tener la conciencia tranquila

La exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la Consellera en funciones de Educación, Irene Rigau, han declarado este martes como imputadas por haber organizado el proceso participativo del 9N. La primera ha negado desobediencia y la segunda, asegura tener la conciencia tranquila y haber cumplido con el mandato del Parlament. 

La exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha negado que desobedeciera al Tribunal Constitucional organizando el proceso participativo del 9N: "No tengo ninguna consciencia de haber desobedecido en ningún momento al TC".

Lo ha explicado a la prensa tras declarar como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el 9N, y ha criticado la querella contra ella: "No es bueno criminalizar un acto político, democrático y pacífico".

Ortega ha asumido la máxima responsabilidad en el dispositivo logístico del 9N, ha asegurado que el TC no concretó nunca el alcance de la suspensión que dictó, y ha alegado ante el juez que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó que el 9N no tenía "ningún efecto jurídico".

Concretamente, la exvicepresidenta ha defendido ante el magistrado que Rajoy fue el primero en restarle validez jurídica al afirmar que "el 9N no es un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca y no tiene ningún efecto jurídico", por lo que ha concluido que la querella a los organizadores del 9N no tiene sentido.

Pese a asumir "la máxima responsabilidad" en la organización del proceso participativo, ha concluido que nada fue ilegal, y lo único que hizo el Govern fue impulsar un compromiso de país respondiendo a un mandato del Parlament y dando voz a los ciudadanos sobre el futuro político de Catalunya, ha dicho.

"No tengo ninguna conciencia de haber dictado una resolución injusta, de haber cometido ninguna irregularidad económica. Actué con pleno conocimiento, muy responsablemente y siempre con respeto a la legalidad. Estoy perfectamente tranquila", ha zanjado.

AL GOBIERNO CENTRAL

Ortega ha expuesto que el Gobierno central fue el primero que no hizo nada para frenar el proceso participativo, y ha criticado que presionó para que se presentara la querella cuando vio "la magnitud" del 9N y que más de dos millones de catalanes acudieron a las urnas.

En alusión al Ejecutivo central, ha lamentado que no es bueno dirimir la política en los tribunales, ha instado a resolver los problemas políticos desde el diálogo y el consenso, y ha pedido poner fin al proceso judicial al que se enfrentan tanto ella como el presidente Artur Mas y la consellera Irene Rigau porque es "injusto".

CRONOLOGÍA

Ortega ha repasado ante el juez la cronología de los hechos, asegurando que, cuando el 29 de septiembre el TC suspendió la consulta en su formato original, ella misma dio la instrucción de "parar inmediatamente todos los expedientes económicos y todas las actuaciones administrativas" vinculadas con la votación.

Tras esta decisión del TC, el Govern planteó un proceso participativo alternativo que el alto tribunal también suspendió, pero Ortega ha defendido que en este caso la Generalitat no frenó el proceso porque toda la organización ya estaba cerrada y los voluntarios a punto: "No había nada que yo pudiese frenar".

La exvicepresidenta ha expuesto la Generalitat pidió al TC un aclaración del alcance de la suspensión del proceso participativo, pero la aclaración "nunca fue" contestada: de ahí que el Govern siguió con sus planes y decidió celebrar el 9N.

RIGAU ASEGURA TENER LA CONCIENCIA TRANQUILA

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegurado este jueves que tiene la "conciencia tranquila" por haber organizado el proceso participativo del 9N, y ha defendido que no hizo nada negativo, sino que solo cumplió un mandato del Parlament.

En declaraciones a los periodistas tras haber declarado como imputada por el 9N, ha precisado que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía por haber "cambiado" de criterio respecto al 9N, ya que primero no apreció ningún delito pero luego sí lo apreció.

Rigau ha recordado que la Fiscalía catalana rechazó en un inicio presentar cualquier querella sobre el 9N, pero finalmente lo hizo a instancias de la Fiscalía General del Estado: "Fue un cambio de criterio que no entendí".

Así, en su declaración este jueves como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la consellera ha respondido a preguntas del juez y de su abogado, pero se ha negado a hacer lo mismo con las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular.

Rigau ha resumido así su defensa de la organización del 9N: "He defendido que desde mi punto de vista una sociedad democrática tiene que conocer el pluralismo y la opinión de la ciudadanía. No vi nada negativo en lo que se hizo", ha alegado.

"No desobedecimos", ha zanjado la consellera, que ha argumentado que el Govern se informó para conocer el alcance de los recursos presentados al Tribunal Constitucional (TC) contra el 9N y, tras hacerlo, decidió seguir hacia adelante con el proceso participativo.

DIRECTORES DE INSTITUTO

"Cumplí con un mandato del Parlament; de mi parlament", y ha asegurado que no se dio órdenes a los directores de los centros docentes para abrir los centros como puntos de votación, sino que sólo se les informó de que podían ceder el espacio.

"Ni yo ni ningún miembro del Departamento (de Enseñanza) dimos ningún tipo de orden a los directores de instituto", según la consellera, que ha recordado que los puntos de votación fueron gestionados por los voluntarios que se prestaron a ayudar en la organización del 9N, y no por docentes.

La declaración de Rigau ha durado poco más de una hora, y en ella también ha defendido que le parece extrañísimo que en su día se le acusara de haber hecho una utilización privada de la consulta para enriquecerse: "Ni yo ni ningún miembro del Govern hicimos nada para enriquecernos".