martes, 19 de septiembre de 2017 22:33
Sociedad

La juez Núñez cita a declarar este martes a seis testigos en el caso ERE tras la orden de la Audiencia de Sevilla

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María Nuñez Bolaños


La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar este martes a seis testigos por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla, que aceptó el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya denegó dicha prueba. 

De este modo, la Sección Séptima de la Audiencia acordó la toma de declaración de estos seis testigos al entender que "se revelan como pertinentes atendidas las razones expuestas" por el Ministerio Público y "no desdichas por la instructora -que en ese momento era Alaya-, que ninguna razón da para su rechazo", según el auto consultado por Europa Press.


Así, el Tribunal argumenta que "son personas que ya han declarado" ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "y sus manifestaciones pueden ser de utilidad 'para poder delimitar la participación en los hechos de imputados en la causa, en particular de aquellos que han pertenecido a IFA/IDEA'".

Asimismo, la magistrada ha citado a declarar este miércoles a Guerrero y a la ex interventora general de la Junta Rocío Marcos Ortiz, en su caso como testigo, mientras que ha suspendido 'sine die' la comparecencia del también ex interventor general Manuel Gómez Martínez porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el Tribunal Supremo remita antes testimonio de la declaración que prestó ante el Alto Tribunal en la causa seguida contra los aforados.

Se trata de las primeras declaraciones que se practicarán en el caso ERE después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya aprobado por unanimidad el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que se aparta a Alaya de la investigación de la causa.

La instructora ha citado a Guerrero después de que el propio imputado solicitara declarar de manera voluntaria en un escrito fechado el 10 de septiembre, y consultado por Europa Press, en el que su letrado, Fernando de Pablo, recuerda que "a lo largo de las presentes diligencias han sido varias las veces" que su patrocinado ha sido llamado a declarar tanto en sede policial como judicial.

En este sentido, el letrado añade que, a partir de la segunda citación judicial, Francisco Javier Guerrero "se ha ido acogiendo a su derecho constitucional a no declarar" por "consejo" suyo, ya que en el caso ERE "se ha venido padeciendo de una especie de secreto sumarial encubierto, al no contar la defensa con toda la documentación que venían manejando los investigadores".

"COMISIONES ILEGALES" 

Al hilo de ello, el abogado critica que "la falta de acceso a la documentación y los criterios" por los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "la manejaba" han constituido "una continua indefensión" para Guerrero, "lo que ha provocado la actitud de guardar silencio".

En esta línea, dice que "especialmente llamativa fue la segunda declaración judicial" de Guerrero, ya que en el auto de ampliación de imputaciones que se le notificó "se señalaban unos supuestos ingresos recibidos periódicamente" por el ex director general de Trabajo "que eran atribuidos a comisiones ilegales, ante el asombro" del propio imputado.

Según el letrado, esta imputación "fue desmontada por esta parte en vía de recurso de apelación, mediante cotejo de certificaciones bancarias", punto en el que ha aseverado que este recurso no llegó a la Audiencia Provincial de Sevilla ante la puesta en libertad de su representado, "que era el fin inmediato", no obstante lo cual han solicitado su inclusión en los autos principales "a efectos de defensa, y se encuentra aún pendiente de proveer".

"INQUISITORIAL" 

Por todo ello, el abogado solicitó a la magistrada que citara a declarar a Guerrero una vez "tenga completada la documentación de los investigadores y la defensa haya podido instruirse de la misma", solicitando que la comparecencia sea grabada con medios audiovisuales "que garanticen el fiel reflejo de lo que se depone".

"Siempre ha sido deseo de Guerrero colaborar al esclarecimiento de los hechos, pero en un clima de apertura en la investigación que no suponga vetos en determinadas líneas, desinterés en otras e inquisitorial en las más", concluye el escrito.

En el caso de los dos ex interventores generales de la Junta, fue la Sección Séptima de la Audiencia Provincial la que dictó un auto revocando una resolución de la juez Mercedes Alaya y aceptando la práctica de varias diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas que se tomara declaración como testigos-peritos a los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas y a los dos ex interventores.

La Sala consideró "pertinente" y "útil" que se tomara nueva declaración al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez -ya imputado- y, como testigo, a Rocío Marcos Ortiz, dado su interés para "precisar el concreto alcance que los mismos -en referencia a las memorias de control financiero e informes adicionales elaborados por esa Intervención General- tuvieron, en particular, si derivó en instrucciones concretas al interventor de control financiero permanente y si se mantuvieron reuniones con los centros directivos afectados o con personal de la propia Consejería de Hacienda".

El objetivo es la "determinación de los presuntos responsables de los hechos que se investigan", argumenta la Audiencia.

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