La Unión Progresista de Fiscales denuncia la incapacidad del Ministerio de Justicia para escuchar a los fiscales

La Unión Progresista de Fiscales ha puesto de manifiesto su "profunda decepción" por la "incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Así lo denuncia en nota de prensa tras una reunión mantenida este martes.

La Unión Progresista de Fiscales señala a la "sordera del Ministerio" y a las "prisas o urgencia política por encajar esta ley antes de que finalice la legislatura" como causantes de lo que consideran un "indeseable resultado".

Lamenta también que la firma de "nada menos que 1.194 fiscales españoles", así como la "unanimidad de las asociaciones de fiscales" le resulte "irrelevante" al Ministerio, "pleno de soberbia jurídica". Así, lo acusa de querer darles explicaciones sobre cómo aplicar la ley y prometer, "como parches de última hora", medios materiales "insuficientes e ineficaces" antes de la entrada en vigor de la norma.

REFORMA DEL ARTÍCULO 324

"La voluntad y necesidad de acortar los tiempos de instrucción es una evidencia que no necesita mas explicación pero el instrumento utilizado --la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre-- es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados. La ley plantea un reparto de papeles entre jueces y fiscales de otro modelo procesal y, sobre todo, parte de una realidad, la deteriorada realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador", denuncia en la nota.

Y continúa: "Lamentamos profundamente que la Fiscal General del Estado no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le de la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo".

LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA

Para la Unión Progresista de Fiscales, "la justicia necesita buenas instrumentos para luchar contra la delincuencia compleja, necesita medios materiales, jueces, fiscales, peritos, investigadores, y necesita también que las leyes sean fiables, aplicables y técnicamente sostenibles". Además, recuerda que el fin del proceso penal es investigar el delito y perseguir a los culpables, pero opina que "con esta ley --en su actual planteamiento-- se corre el riesgo de que quien se beneficie de los plazos no sea la sociedad ni la justicia, y mucho menos las víctimas de los delitos, sino quienes evitan por todos los medios a su alcance ser investigados, quienes mayor interés tienen en dilatar los procesos y procurar su impunidad".

Por todo lo expuesto, los fiscales solicitan que "antes del 5 de diciembre de 2015 el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma". "Es una petición sensata, respetuosa con la separación de poderes y amparada en la voluntad de evitar las indeseables consecuencias de una ley que no deseamos sea recordada como la ley de punto final española", concluye.