miércoles, 24 de abril de 2024 15:55
Sociedad

Urdangarin pide a Castro autorización para vender sus propiedades en Palma

El marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha pedido autorización al juez José Castro para poder vender las propiedades que posee en Palma y cuya titularidad se encuentra a nombre de Aizoon, empresa de la que ambos son copropietarios al 50 por ciento y considerada una de las sociedades de la trama de desvío de fondos urdida en torno al Instituto Nóos.

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El marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha pedido autorización al juez José Castro para poder vender las propiedades que posee en Palma y cuya titularidad se encuentra a nombre de Aizoon, empresa de la que ambos son copropietarios al 50 por ciento y considerada una de las sociedades de la trama de desvío de fondos urdida en torno al Instituto Nóos.


Se trata de tres viviendas, dos parkings y dos trasteros que le fueron embargados a Urdangarin tras no haber hecho frente a la fianza civil de 6,1 millones que el juez Castro le impuso de forma conjunta junto a su exsocio Diego Torres.


Urdangarin ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para poder tramitar esta solicitud, tras lo cual Castro ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes a fin de que se pronuncien al respecto.


Estas propiedades fueron embargadas junto a la mitad indivisible del palacete de Pedralbes, cuyo embargo fue cancelado después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmase las condiciones impuestas en su día por el magistrado para autorizar la venta del inmueble.


En concreto, el marido de la Infanta reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros --derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009-- con los fondos que obtendría con la venta del inmueble, cuyo precio está estipulado en 6,95 millones de euros.


Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia.


El juez Castro autorizó la venta siempre que el matrimonio se comprometiese a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, y que acabaron ingresando en las dependencias judiciales tanto Urdangarin como su mujer.

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