jueves, 23 de noviembre de 2017 02:33
Economía

Los Veintiocho evaluarán este lunes los avances para evitar nuevos fraudes como el caso Volkswagen

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Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea se reunirán este lunes para evaluar los avances en las negociaciones en marcha para reforzar el control de las emisiones contaminantes de los vehículos, para evitar que en el futuro se reproduzcan fraudes como el del fabricante alemán Volkswagen, que instaló en determinados motores diésel un software con el que manipular sus registros durante los test oficiales.


Varios países han solicitado que este asunto sea incluido en la agenda de la reunión, con el objetivo de obtener más información sobre cómo se está abordando el escándalo a nivel europeo, según han informado fuentes diplomáticas. La UE ultima la entrada en vigor a partir del próximo mes de enero de pruebas de emisiones en condiciones reales de conducción, que completen los actuales test de laboratorio, pero queda por determinar el peso que estos nuevos controles tendrán a la hora de conceder los permisos.


Las discusiones se centran ahora en el periodo de transición hasta que el nuevo sistema de pruebas sea vinculante, ya que en un primer momento serán sólo test consultivos.


Algunos Estados miembros, entre ellos Alemania y España, son partidarios de "aplazar" o "flexibilizar" el calendario que defiende Bruselas, que quiere que se introduzcan de manera progresiva desde 2017 y sean obligatorios y vinculantes para todos los vehículos a partir de 2018.


Los niveles máximos de contaminación de óxido de nitrógeno (NOx) que permiten las normas comunitarias son de 80 mg por kilómetro, pero desde hace tiempo los expertos son conscientes de la "disparidad" que existe entre los registros en un laboratorio y en carretera, según conceden las fuentes consultadas.


Por ello, el Ejecutivo comunitario sostiene que ese límite de 80 mg de emisiones de NOx en los motores diésel de los nuevos vehículos debe ser obligatorio en los test en carretera desde 2018, aunque contempla un periodo transitorio de dos años durante los que se permitiría una flexibilidad del 60%, según han explicado fuentes comunitarias.

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