La juez Bolaños asegura que Lanzas "ordenó" emitir facturas falsas y "distribuyó" dinero entre "cargos públicos"

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 201.658,40 euros al 'testaferro' y administrador único de una sociedad vinculada al entramado societario del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, quien habría "ordenado" emitir facturas falsas y que también habría "distribuido" dinero entre "cargos públicos". 

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que, de las investigaciones efectuadas, se desprende que Antonio Santiago Pérez Porcel figuraba como administrador único y autorizado en las dos cuentas bancarias de 'Conexión en reparto' desde el 1 de abril de 2002, empresa a su vez vinculada al entramado societario de Lanzas y "a través de la cual habría introducido en el circuito financiero dinero procedente de las actividades ilegales aquí investigadas".

La instructora indica que, "a través de esta empresa y el resto del denominado Entramado Atrado", Juan Lanzas "podía mantener oculta su identidad y cobrar su parte de las sobrecomisiones de Vitalia, así como las comisiones que a su vez le pagaban las empresas beneficiarias al haber obtenido para ellas la financiación de la Junta de Andalucía".

"A través de estas sociedades instrumentales cuyo 'modus operandi' sería diseñado y controlado por Lanzas podría convertir parte de las ilícitas sobrecomisiones procedentes de fondos públicos en sus ganancias, aflorándolas al circuito financiero", asevera la juez, que agrega que todo esto "lo haría -Lanzas- en primer lugar teniendo el control sobre estas sociedades, al frente de las cuales estaban hombres de su confianza como Eduardo Leal del Real y su cuñado Ismael Sierra o testaferros a su vez controlados por éstos".

RELACIÓN COMERCIAL "INEXISTENTE" 

La magistrada pone de manifiesto que estas sociedades "debían emitir facturas falsas, que se emitieron por Eduardo Leal del Real en su mayoría y serían por orden de Lanzas, controladas" por el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín "y gestionadas por Estudios Jurídicos Villasís".

A juicio de la juez, "con estas facturas se pretendía aparentar una relación comercial que en realidad era inexistente entre el holding y tales sociedades, para de esta forma allegar los fondos convenidos a las arcas de esas sociedades fantasmas, los cuales mediante cobros de cheques o reintegros en efectivos terminarían en manos de Juan Lanzas, dinero que en su mayor parte se lo quedaba para sí, y en otras ocasiones lo distribuía a otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos".

Al hilo de ello, Núñez señala que Antonio Santiago Pérez Porcel, figurando como autorizado en las dos únicas cuentas de la entidad 'Conexión en reparto', "realizaría operaciones" en el periodo comprendido entre febrero de 2003 y noviembre de 2005 desde una de estas cuentas, destacando que "el 48 por ciento de los ingresos efectuados en esta cuenta provienen de empresas del holding Vitalia, Servicios Inmediatos de Andalucía, y el despacho Estudios Jurídicos Villasís".

La juez también resalta que "el 76,86 por ciento -697.407,16 euros- de los fondos tienen salida mediante pagos en efectivo, los cuales van destinados principalmente al propio imputado, por un importe de 573.910,77 euros, y al también imputado Eduardo Leal del Real, por un importe de 106.964,29 euros".

DESVÍO DE FONDOS 

Asimismo, el imputado "habría facilitado dinero en efectivo a Leal del Real, y en definitiva como administrador único de la sociedad 'Conexión en reparto' y autorizado en dichas cuentas habría posibilitado el desvío de fondos procedentes de la Administración andaluza por un importe total de 1.512.437,98 euros", unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

El imputado prestó declaración el día 13 de diciembre de 2013 ante la juez Mercedes Alaya, que entonces investigaba el caso, aunque ha sido ahora cuando le ha sido impuesta una fianza civil de 201.658,40 euros en un auto donde la magistrada le da un día de plazo para prestar la fianza, advirtiéndole de que, en caso contrario, se ordenará el embargo de sus bienes.