martes, 16 de abril de 2024 19:21
Economía

Montoro advierte al Gobierno catalán de que no puede dedicar "ni un sólo euro" a actividades ilegales

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido al Gobierno catalán de que no puede dedicar "ni un sólo euro" a actividades ilegales, y le ha pedido "lealtad institucional" porque es "absolutamente fundamental" para confirmar la recuperación económica y para que los servicios públicos cuenten con la financiación suficiente.


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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido al Gobierno catalán de que no puede dedicar "ni un sólo euro" a actividades ilegales, y le ha pedido "lealtad institucional" porque es "absolutamente fundamental" para confirmar la recuperación económica y para que los servicios públicos cuenten con la financiación suficiente.


"Tenemos que pedir a Cataluña, a los que insisten en que están en un proceso de desconexión cuando el Estado es el que está financiando los servicios públicos de los catalanes, lealtad institucional, que es absolutamente fundamental entre administraciones para confirmar la recuperación económica y que se cree empleo en España y los servicios públicos cuenten con la financiación suficiente", subrayó.


En este sentido, afirmó que "ningún gobierno autonómico ni municipal puede dedicar un sólo euro a actividades ilegales", y añadió que España es un estado de derecho y que la actividad legal la define la ley y no ningún gobierno, que además no tiene capacidad para gastar "incumpliendo la legislación española".


Montoro, que hizo estas declaraciones antes de reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), indicó que a finales de año se repartirá entre las comunidades, incluida Cataluña, el remanente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), algo que consideró "muy positivo" porque servirá para seguir pagando facturas de proveedores.


También con cargo a este remanente, según explicó Montoro, se pagará a las comunidades el coste de la hepatitis C, que supondrá un importe de casi 1.000 millones de euros.


Por todo ello, aseguró que "no está en peligro" la financiación de los servicios públicos catalanes, pero insistió en demandar lealtad institucional y en la importancia de controlar el gasto público.

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