martes, 16 de enero de 2018 20:40
Opinión

NACIÓN DE NACIONES

Luis Moreno
Luis Moreno

Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos

“[...] un andaluz en nada se parece a un vizcaíno, un catalán es

totalmente distinto de un gallego; y lo mismo sucede entre un

valenciano y un montañés. Esta península, dividida tantos siglos

en diferentes reinos, ha tenido siempre variedad de trajes, leyes,

idiomas y moneda” (José Cadalso, 1741-1782, Cartas Marruecas)


Cabe considerar al reino de España como un estado nacional compuesto (“nación de naciones y regiones”), el cual incorpora diversos grados de pluralidad interna. Hay naciones, como Cataluña, regiones, como Murcia, y existen Comunidades Autónomas en tránsito (iniciaron el proceso descentralizador declarándose regiones, pero con el transcurso de los años se deslizaron hacia la autoproclamación nacional, según ilustra el caso de Aragón).


Salvo la nación española, el resto de naciones minoritarias, nacionalidades o regiones que conviven en su seno no disponen de estado propio. Pero sí disponen de importantes competencias estatales fruto del reparto descentralizador de poderes. Recuérdese que el estado central, a menudo caricaturizado como “Madrid”, no es el Estado español. Este es el conjunto de todas las instituciones locales, autonómicas y centrales españolas. El sistema total de organización jurídico política de España tampoco es, por tanto, la Administración General del Estado. En semejante ceremonia de confusión, alimentada incesantemente por los media, incide una mostrenca visión centralista. La sombra de los afrancesados decimonónicos y del franquismo es alargada.


No pocas Comunidades Autónomas siguen aspirando a mayores cotas de poder político, animadas por las élites autonómicas. Casi todas pretenden profundizar su autogobierno en un ciclo de emulación o “mímesis autonómica” generalizada entre ellas. Ninguna quiere quedarse atrás. Todas aspiran a jugar en la Primera División del autogobierno. Así lo manifiestan repetidamente los españoles residentes en sus Comunidades Autónomas en las encuestas demoscópicas que se realizan periódicamente. Muy responsable de los deseos de unas por mantener un diferencial superior de autonomía, y de otras por la igualación competencial, son las patológicas prácticas bilaterales entre centro y periferia en España.


En términos generales, los nacionalismos consideran a las naciones como alfa y omega de la existencia política de los individuos que las componen. Los nacionalismos pretenden dotarse de instituciones de autogobierno y fortalecerlas para desarrollar sus proyectos de construcción nacional. Persiguen la exclusivización de la identidad étnica grupal como cauce para conseguir y preservar sus recursos de poder político. Tal programa de acción es aplicable tanto a los nacionalismos “estatalistas” (belga, británico o italiano, pongamos por caso) como “sin-estado” (flamenco, escocés o sardo).


Algunos pensadores deterministas sociobiológicos se han afanado en establecer procesos lineales en la formación de grupos humanos y colectivos institucionales: familia, parentela, tribu, etnia, nación, estado. No cabe establecer, empero, reglas ineludibles en la secuenciación de dichos procesos. Nada presupone, por ejemplo, que las etnias se transformen en naciones, ni que éstas se conviertan en estados. Hay naciones que concilian su caracterización nacional sin atender al supuesto imperativo de la formación estatal. Sirva algún caso cercano para ilustrar socráticamente tal aseveración.


¿Quién podría negar a Sicilia su pedigrí nacional?; ¿está por ello abocada la isla mediterránea a constituirse como estado? Quizá buena parte de la explicación al dilema que plantean tales preguntas estriba en la ausencia de partidos nacionalistas sicilianos con implantación electoral y que tengan el objetivo –confesado o inconfesado-- de encaminarse hacia la constitución del estado sículo. Muy probablemente las élites de la Magna Grecia, como llamaban a Sicilia y el sur italiano los antiguos helenos, prefieren obtener y preservar su poder e influencias formando parte de canales de intermediación en el conjunto de la politeya italiana. El objetivo de una Sicilia independiente y separada del resto de Italia no forma parte, en suma, del programa político de ningún nacionalismo relevante en aquella isla (aunque haya grupos tales como el “Muvimentu pi la Nnipinnenza de la Sicilia” o el “Frunti Nazzionali Sicilianu – Sicilia ‘Ndipinnenti”). ¿Son por ello las credenciales nacionales sicilianas de “peor” calidad o inconmensurables con otras situaciones similares en la Europa occidental?


Sicilia, como Cataluña o Escocia, son comunidades territoriales a las que se debe considerar como sujetos políticos, aunque no sean estados independientes. Para que una nación exista en el imaginario de las gentes, necesita que así sea reconocida por ellas, vivan o no en su territorio. Curiosamente, en la encuesta del CIS previa al referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de 2006, sólo el 36,3% valoraba positivamente la denominación de Cataluña como nación en el texto estatutario. El 19,8% la valoró negativamente, mientras el resto de los encuestados no se pronunció o indicó que le resulta indiferente. El autor del presente artículo ha reconocido a lo largo de su carrera como científico social la autodefinición de Cataluña como nación. Así lo ha analizado y constatado a lo largo de su singladura académica. Pero rehúye el sofisma de considerar como necesario y suficiente el establecimiento de un estado propio catalán. Reconoce, además, el objetivo normativo supranacional de una unión cada vez más estrecha entre las naciones, países y estados europeos.


El modelo federal es el más apropiado para España y Europa por ser el más ajustado a las características de unidad y diversidad propias de sus pueblos constitutivos. Para hacer posible tal modelo en su realidad política y constitucional, deben evitarse las imposiciones, desencuentros y confrontaciones tan recurrentes en su historia moderna. España, en concreto, necesita federalizarse desde la negociación amplia y mediante el pacto político. La transición de los años 70 fructificó tras el generoso esfuerzo desplegado por todas las partes implicadas en la superación de la dictadura centralista. Se resolvió entonces -¿episódicamente?- el grave problema de la desvertebración territorial. Intentemos de nuevo el “imposible” de articular políticamente nuestra secular nación de naciones en una España federal. Nunca es tarde si la dicha es buena.


Luis Moreno

Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos y autor de ‘La federalización de España’ (1997)

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