La Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para la excúpula de Mutua Universal por malversación

La Fiscalía ha pedido 15 años y medio de cárcel para la excúpula de Mutua Universal por presuntamente haber malversado entre 1998 y 2007 un total de 195.080.853 euros con "una compleja estrategia defraudatoria" diseñada para saquear a la Seguridad Social y el propio patrimonio de la entidad, y que estaba dirigida por el que era director gerente, Juan Aicart, para quien solicita la pena más alta.

En el escrito de acusación recogido, el fiscal anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled señala a Aicart y a otros diez cargos con los que presuntamente llevó a cabo dos grandes mecanismos para el desfalco; uno de ellos, mejorar ilícitamente los resultados de la entidad concediendo a determinadas empresas asociadas beneficios económicos indebidos a costa del patrimonio de la Seguridad Social.

Presuntamente articularon un complejo entramado societario dedicado a facturar a la Mutua servicios prestados realmente eran encarecidos artificialmente, al tiempo que eran financiados a costa del patrimonio de la Seguridad Social y del propio patrimonio de esta entidad.

"Se concertaron para expandir el volumen de negocio de la entidad a costa principalmente del patrimonio del patrimonio de la Seguridad Social", resume la Fiscalía, que acusa a Aicart de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental y otro de falseamiento de cuentas, que suman una petición de pena de 15 años y medio de cárcel.

Según el fiscal, el director ejercía su dirección "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático", pero siempre con la cooperación necesaria de los cuatro subdirectores generales José Eduardo Villa, Francisco Javier Tobajas, Alfredo Isidro Macia y Josep García, para quienes solicita seis años y diez meses de cárcel, la misma pena que pide para el que era director de control de gestión, Jordi Pons.

Por debajo, los jefes de departamento --Enric Torné, Francisco Teixidó, Pons y José Julio Fernández-- "resultaron imprescindibles para el diseño y ejecución de las conductas delictivas", y en especial el que era consultor general pero en realidad encargado del funcionamiento coordinado de las sociedades vinculadas a la Mutua, José Luis Pérez, para quien el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel.

También destaca el papel del abogado Daniel Redondo, que ejercía de asesor jurídico de la Mutua y desempeñó el papel de "artífice y creador formal" de las sociedades instrumentales, para quien la Fiscalía pide dos años y once meses de prisión; para los supuestos cómplices Torné, Teixidó y Fernández, solicita cinco años y un mes.

El fiscal también pide que Aicart, Villa, Torné, Teixidó , Macià, Pons, Tobajas, García, Fernández y Pérez indemnicen conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social con los 195.080.853 euros presuntamente saqueados.