Consenso amplio para suprimir la "Ley Wert"

Por el momento se desconoce cuándo podrán empezar a tramitarse las iniciativas para derogar la LOMCE que esta semana presentaba el PSOE o las que otros grupos registren próximamente. La Mesa del Congreso está a la espera de conocer el informe jurídico que ha encargado para aclarar qué margen de tramitación tienen las propuestas que presenten los grupos parlamentarios mientras haya un Gobierno en funciones.

En todo caso, la intención de la mayor parte del nuevo arco parlamentario es tumbar la 'Ley Wert', especialmente teniendo en cuenta que desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de paralizar la ley en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara. Este pacto fue sellado por todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria, salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron sumarse al compromiso.

Así, han manifestado su deseo de tumbar la 'Ley Wert': PSOE (89 diputados y firmó el acuerdo), Podemos (42), En Comú (12), Compromís-Podem (9, en el pacto), ERC (9, firmó el acuerdo), Democracia y Libertad --antigua CiU, que también selló el acuerdo parlamentario-- (8 diputados), PNV (6, forma parte del acuerdo), En Marea (6), Izquierda Unida (2, se sumó al acuerdo), EH Bildu (2, también está en el pacto por derogarla), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 cada una, dentro del acuerdo).

Por el momento, el PSOE ha sido la única formación que ha presentado dos iniciativas parlamentarias para ello: una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a paralizar el calendario de implantación de la normativa, y otra proposición de ley que quieren que sirva para propiciar el acuerdo sobre ley básica de educación alternativa a la que quieren derogar.

Desde la formación que lidera Albert Rivera no piden expresamente finiquitar la LOMCE, pero propugnan la búsqueda de un pacto nacional en este materia. El líder de Ciudadanos anunció este jueves 14 de enero que iba a presentar una iniciativa para crear en el Congreso un grupo de trabajo entre parlamentarios y expertos con el objetivo de elaborar un documento que sirva de base para ese futuro pacto educativo.

Paralelamente, el viernes 15 de enero representantes de la Federación de Enseñanza de CC.OO., FETE-UGT, de la Confederación de STES-I, de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) y de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado (CEAPA) registraron una carta en el Congreso, dirigida al nuevo presidente y a los grupos parlamentarios que se conformen, en la que les instan a derogar de forma inmediata la Ley porque "ya hay mayoría parlamentaria para hacerlo", y además antes de que finalice el primer periodo de sesiones, en el mes de junio.

La ley impulsada por el exministro José Ignacio Wert se aprobó en diciembre de 2013 con el único voto del PP, y supuso la reforma de Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006 con los socialistas en el Gobierno.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentó que el objetivo de la nueva normativa, la séptima de la democracia, era "aumentar la calidad" del sistema educativo y reducir la alta tasa de abandono escolar temprano, que al inicio de la Legislatura se situaba en el 26,3 por ciento, muy por encima de la media de la Unión Europea.

Estas razones no bastaron para convencer a los grupos parlamentarios ni a buena parte de la comunidad educativa, entre docentes, sindicatos, padres de alumnos y estudiantes, que alertaron de que el texto nacía "muerto" ante la "falta de consenso" social y político.

Además, los sectores más conservadores argumentaron que la reforma era poco ambiciosa y no resolvía los problemas de la educación en España, mientras que los de izquierdas la definieron como "contrarreforma ideológica" y "franquista".

Por su parte, los nacionalistas denunciaron la invasión competencial que, a su juicio, suponía la ley por la nueva distribución de los contenidos de las asignaturas entre el Estado y las comunidades autónomas, entre otros asuntos. Así, las 'troncales', comunes en todos los territorios, las define el ministerio, mientras que las de 'libre configuración', las administraciones autonómicas.

La también llamada 'Ley Wert' introdujo una disposición transitoria dirigida a Cataluña para que a las familias a las que esta administración no les garantizase el castellano como lengua vehicular en la enseñanza pública les pagase una plaza en la red privada.

Seis fueron los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la LOMCE: del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, del Gobierno y del Parlamento catalán, así como los ejecutivos regionales de Andalucía, Asturias y Canarias. Todos ellos fueron admitidos a trámite, pero esto no implicó la paralización de la ley.