Juristas denuncian ante la ONU la "politización" del Poder Judicial

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, integrada por jueces, fiscales, juristas y abogados, ha presentado una denuncia ante el Relator Especial de las Naciones Unidas en relación a la independencia de jueces y abogados en la que denuncian que los procedimientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no cumplen con los estándares mínimos contra la discriminación por motivos políticos" para el nombramiento de jueces.

Los juristas argumentan que el CGPJ depende de los partidos políticos y que el reglamento para los nombramientos es demasiado vaga para evitar decisiones arbitrarias. Esta Plataforma, que ha emitido ya varios informes en los que se analizan los nombramientos de altos cargos judiciales, concluye que el problema es "la falta de suficientes garantías legales y la necesidad de una reforma urgente de los actuales estatutos de ese asignatura".

Esta es ya la tercera queja que esta plataforma presenta ante el Relator Especial, ya que antes le ha informado sobre los fallos de la separación de poderes y sobre la situación de los jueces en prácticas. La denuncia se une a la planteada el año pasado por dos asociaciones de jueces --Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain respecto del nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la de Enjuiciamiento Criminal.

Sobre el primero de estos asuntos, ambas asociaciones de jueces denunciaron "indicios de injerencias del Gobierno" en la elección de Luis María Díez-Picazo como nuevo presidente de la Sala Tercera del Gobierno, y opinan que el Gobierno puede querer "evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze" al inicio de la legislatura.

Añadían que para amparar la independencia e imparcialidad judicial se necesita, por una parte, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por la otra, que los criterios de nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional.

RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA

La Plataforma recuerda la normativa europea sobre nombramientos y recomendaciones como la del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que ya en 2001 apuntó a las responsabilidades de los estados miembros "para hacer y asesorar sobre los nombramientos y promociones ahora deben introducir , publicar y dar efecto a criterios objetivos, con el objetivo de garantizar que la selección y la carrera de los jueces se basan en el mérito, teniendo en cuenta las calificaciones, la integridad, la capacidad y la eficiencia".

Por otra parte, según el Comité de Ministros del Consejo de Europa, las decisiones relativas a la selección y la carrera de los jueces "deben basarse en criterios objetivos y preestablecidos", y la carrera de los jueces "debería ser independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y al menos la mitad de sus miembros debe ser jueces elegidos por sus pares".

Por otro lado, recuerdan que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en su informe de evaluación de 2013 dedicado a España, detecta una impresión entre los jueces españoles que el poder judicial está politizado en su parte superior, a tal punto que "a veces se sabe de antemano que sería nombrado para el puesto de alto nivel de que se trate".

"Esperamos su pronta respuesta, dada la amenaza inminente a los derechos civiles en España", termina la carta de la Plataforma, y anuncia que está trabajando en la elaboración de un reglamento que permita mejorar esta función del CGPJ.