Decenas de detenidos en una macrorredada contra la corrupción en el PP de Valencia

Agentes de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han entrado cerca de las nueve de esta mañana en el domicilio del expresidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus. Este sería el primero de muchos registros programados en la investigación del caso 'Imelsa' que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 18 de Valencia.

Agentes de la Guardia Civil han lanzado la 'Operación Taula', en la que se prevén un total de 24 detenciones en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. 

Entre los detenidos están el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, la exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento María José Alcón (PP), el exvicepresidente de la corporación provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, el exacalde de Genovés, Emilio Llopis y el exvicepresidente de Diputación y ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

Además, la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, es otra de las detenidas en el conocido caso Imelsa, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación. Junto a las 24 personas que serán detenidas hay otras cinco con categoría de "investigadas".

Los agentes de la Guardia Civil también han embargado un total de 150 vehículos de alta gama de las personas implicadas y han bloqueado 252 cuentas corrientes. 

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.

REGISTROS

En total, van a producirse 33 registros, en los domicilios particulares de los investigados y también en empresas como Ciegsa -empresa pública dedicada a la construcción de colegios- y otras entidades como la Fundación Jaume I y la del Club Deportivo Olímpic de Xátiva. Además están registrando el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Así, la Guardia Civil está registrando el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Alfonso Rus fue presidente hasta junio de este año, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

Los registros en el Ayuntamiento podrían deberse a la posible implicación en el caso de la que fuera concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón, investigada por el supuesto cobro de comisiones entre los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia.

Así mismo, los registros en el Olímpic de Xàtiva se deben a que Rus presidía el equipo desde el año 2006 y se investiga si durante su mandato en la Diputación la entidad trabajó con empresas de la presunta trama dirigida desde Imelsa. Según ha podido saber Europa Press, cuando los agentes se han personado en el club no había nadie, lo que ha obligado a algún responsable a desplazarse y a abrirles las puertas para que efectuaran el registro.

Además, hasta el club se ha desplazado un teniente de alcalde de Xàtiva como representante del ayuntamiento porque esta entidad es titular del campo de fútbol, han confirmado a Europa Press. 

LA TRAMA AFECTA A LA GENERALITAT, DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTOS 

La 'Operación Taula' llevada a cabo este martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas -Ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat- que se descubrió a raíz de la denuncia por el caso Imelsa, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Según las fuentes consultadas, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.

Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública (entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales).

CASO IMELSA 

El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.

A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus --nacido en 1950-- contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.

También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación -estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia -fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat-.

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó "de todo" de la Diputación -aunque pensaba devolverlo, según dijo- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala", expresó.

En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un "yonqui del dinero", describió su relación con Rus de "confianza profesional" y agregó que no compartía "muchas cosas" ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar "a todos los niveles".

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.

Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.