sábado, 20 de abril de 2024 06:19
Internacional

Dinamarca aprueba una ley que permite confiscar bienes a los refugiados

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este martes, por mayoría, la controvertida reforma de su Ley de Asilo. Esta normativa prevé, entre otras cosas, la confiscación de bienes a los refugiados. Este cambio permite ahora a la policía investigar a aquellas personas que entran en el país y confiscarles bienes que tengan un valor superior a 10 mil coronas danesas (unos 1.340 euros), siempre y cuando no sean considerados esenciales o que tengan un valor sentimental, como las alianzas.

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El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este martes, por mayoría, la controvertida reforma de su Ley de Asilo. Esta normativa prevé, entre otras cosas, la confiscación de bienes a los refugiados. Este cambio permite ahora a la policía investigar a aquellas personas que entran en el país y confiscarles bienes que tengan un valor superior a 10 mil coronas danesas (unos 1.340 euros), siempre y cuando no sean considerados esenciales o que tengan un valor sentimental, como las alianzas.


Los detractores de esta ley alertan que esta nueva legislación viola varias acuerdos internacionales. La confiscación de bienes es la más controvertida de las nuevas medidas, en ocasiones comparada con el expolio de los judíos por los nazis. Sin embargo, la legislación incluye también la pérdida de derechos sociales y disposiciones que dificultan la obtención de autorización de residencia y los procesos de reunificación familiar.


Esta reforma, que fue presentada el pasado diciembre, fue propuesta por el partido anti-inmigración Partido del Pueblo Danés, aliado del actual gobierno en minoría de Lars Lokke Rasmussen. Tras cuatro horas de debate, la ley ha sido aprobada por 81 votos a favor, 27 en contra y 70 abstenciones. La ley tendrá que ser promulgada por la Reina Margarita a comienzos de febrero.


El Gobierno alega que con este procedimiento pretende cubrir los gastos del Estado derivados de la estancia de los refugiados en el país. Además, defienden que es una medida equitativa, puesto que los ciudadanos daneses solo tienen derecho a ayudas sociales si no tienen patrimonio.

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