martes, 17 de octubre de 2017 19:03
Opinión

ANDORRA, DE BPA A VALL BANC, Y LA CAIXA

Robert Pastor
Robert Pastor



Para la primera quincena de este febrero está previsto el inicio del funcionamiento de Vall Banc (VB), la entidad "buena" fruto de la "limpieza" de los fondos de la antigua Banca Privada de Andorra (BPA), suspendida por las acusaciones de blanqueo. Así lo han previsto el gobierno del principado pirenaico y por eso está trabajando la agencia de reestructuración (AREB) creada a raíz del caso.


Voces gubernamentales han asegurado que, como máximo, la situación debe quedar restablecida antes de que se cumpla un año desde la decisión del Tesoro de Estados Unidos que dejó marginada del mundo financiero internacional la BPA.


Terminada la auditoría de las cuentas que ha realizado la agencia, también estadounidense, Price Waterhouse & Cooper (PwC), que era uno de los elementos absolutamente necesarios para que los potenciales compradores de VB puedan dar el paso, se han resuelto igualmente otros dificultades, como el deseo de mantener la privacidad (no facilitar a los eventuales adquirentes) el listado de los clientes que habrían pasado por el tamiz y reconocidos como plenamente legales y regulares.


El problema parece resuelto al acordar -por empezar con los bancos del país- una garantía de confidencialidad, de conservación de estos datos exclusivamente para uso interno.


Permanece, sin embargo, otro obstáculo importante para la resolución menos traumática de la crisis: la devolución de la capacidad de operar en el extranjero, para que se puedan recuperar los depósitos y las inversiones de los clientes de la antigua entidad fuera de Andorra, y continuar operando con ellos, si así lo desean.


He aquí que el AREB ha anunciado una solución inesperada, aunque no original: una negociación con La Caixa, que estaría a punto de cerrarse, porque el reconocimiento internacional que mantiene la entidad catalana le sirva para asumir la corresponsalía hasta ahora todavía no autorizada en Vall Banco.


Hay que recordar que La Caixa operó el principado pirenaico durante décadas con su propio nombre y autonomía, autorizada por el sistema financiero andorrano y, a la vez, con una participación (oficialmente minoritaria) en Crèdit Andorrà.


La presencia propia y la participación de la Caja se acabó, junto con la del BBVA en Banca Internacional-Banca Mora (ahora Morabanc) el umbral del fin del siglo pasado, por presiones del Banco de España, que decidieron ambas empresas (la catalana y la vasca) a abandonar el territorio andorrano, mediante la adquisición de las partes que habían tenido los socios andorranos, hasta el cien por cien.


Paradójicamente, al poco de estas «salidas» Banco Sabadell no encontró problemas por parte de las autoridades españolas para aprovechar las condiciones «de apertura» del gobierno andorrano, y establecerse.


Mientras tanto, la plantilla de trabajadores de BPA se ha ido reduciendo hasta la mitad, entre salidas voluntarias y despidos. Aunque mantiene, y quiere seguir manteniendo, su operativa propia.


Si, como quieren y prevén las instancias públicas andorranas, llega la salvación reestructurada en Valle Banco, o con el nombre de la entidad que la asuma; si se evita el mal peor, que es el de la disolución definitiva por quiebra, quedará el largo reguero de contenciosos, vía judicial: desde las responsabilidades -también en otros países- de los antiguos propietarios y directivos de la Banca Privada, a las reclamaciones de los hermanos Cierco -propietarios al 80% -, los clientes que se están agrupando para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, los trabajadores que no acaban de ver garantizado el respeto a sus fondos de pensiones acumulados en el banco anterior, los puestos de trabajo que se conseguirán salvar ...


Quizás antes del 10 de marzo, con cualquiera que sea el nombre y el (o los nuevos) propietarios, pero quedarán para determinar las consecuencias penales (en su caso) administrativas y económicas de tanta supuesta irregularidad denunciada y, aparte las unipersonales , sobre qué personalidad jurídica recaen las potenciales indemnizaciones, todas millonarias.

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