martes, 22 de agosto de 2017 22:43
Politica

Guerra ideológica en el Ayuntamiento de Madrid

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ManuelaCarmena


Las decisiones del Ejecutivo que lidera Manuela Carmena no dejan indiferente a nadie, ni gustan un pelo a los sectores más conservadores. La última es la retirada por parte del gobierno local de varios monumentos franquistas.


El pasado viernes el Ayuntamiento comenzó por la lápida conmemorativa del fusilamiento de ocho carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. Este marte fue el turno del monolito en recuerdo del Alférez Provisional, en el barrio de los Jerónimos, y de la lápida en honor al falagista José García Vara. El consistorio tiene previsto cinco actuaciones más.


La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este miércoles que denunciarán ante la Comunidad la retirada de vestigios llevada a cabo en los últimos días por el Gobierno municipal al "afectar al patrimonio" de la ciudad, además de criticar a la delegada de Cultura y Deporte, Celia Mayer, que se haya erigido en "tribunal ideológico y revanchista".


Villacís considera que el procedimiento penal no es el adecuado para este caso pero sí la vía administrativa. Las responsabilidades pedidas podrían conducir "a la inhabilitación" de Mayer porque "se han dado muestras suficientes para justificar que el encargado de tratar la Ley de Memoria Histórica, un tema tan sensible, no es el que debiera".


Villacís ha explicado a la prensa que en el pleno "no se votó la retirada de 30 calles sino la aplicación de la Ley de Memoria Histórica". En este punto ha afeado al PP que, con su mayoría absoluta durante años en el Ayuntamiento, "no cambiaron ni una coma" para aplicarla.




Y es que todo empieza el 22 de diciembre de 2015, cuando el pleno municipal aprueba una propuesta del PSOE para cambiar antes de verano el nombre de, como mínimo, 30 calles de la capital que hacen referencia a la dictadura. La propuesta fue respaldada por Ahora Madrid y Ciudadanos y el Partido Popular votó en contra.


Hay otros actores más directamente afectados por las decisiones de Carmena. Así, la Fundación Francisco Franco anuncia que emprenderá medidas legales contra el Gobierno de Manuela Carmena por su decisión de retirar los monumentos franquistas, explicando que utilizará todos los cauces procesales: la vía penal, la contencioso-administrativa y la constitucional.


La organización, a través de un duro comunicado, califica la decisión de derribar el monolito como una medida “subrepticia”, de “fondo sectario y procedimiento ilegal. También tiene palabras contra la ley de Memoria Histórica a la que llama ley “falsaría” y de la que dice que “sería mejor llamarla de la “manipulación histórica”.


HA SIDO UN ERROR


La primera actuación del Ayuntamiento de Madrid en aplicación de la ley de Memoria Histórica ha levantado ampollas. La retirada de la placa del cementerio de Carabanchel Bajo no convence, puesto que dicha lápida no hace exaltación del régimen franquista, sino que da testimonio de un episodio en el que se le dio muerte a personas asesinadas por sus creencias religiosas. El Ayuntamiento comunicó que la placa se había retirado “por una confusión” y que será repuesta “a la mayor brevedad posible”.




El PP presentará este miércoles una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra el Ayuntamiento de Madrid por lo que califican de “decisión arbitraria” de retirar monumentos “ajenos al régimen franquista”. Los populares consideran que se está vulnerando la ley de Memoria Histórica y quieren pedir la inhabilitación de Carmena y de Mayer para el ejercicio de cargo público por un periodo de entre nueve y 15 años. Además, solicitan la restitución de los monumentos que ya han sido retirados.


Por su parte, la Dirección de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha abierto diligencias para investigar si procede abrir expediente al Ayuntamiento madrileño por la retirada de los vestigios. Tanto las placas como los monumentos retirados hasta ahora “son de titularidad municipal”, ha asegurado la concejala de Cultura, Celia Mayer, por lo que “no necesitan ningún tipo de autorización reglamentaria para proceder a su retirada”. 

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