viernes, 29 de marzo de 2024 09:03
Economía

Los empresarios consideran que repetir elecciones sería "un fracaso incomprensible"

Ocho instituciones representantes de la sociedad civil en el ámbito de la empresa, encabezadas por el Círculo de Empresarios, han presentado una declaración institucional en la que llaman a la clase política a recoger el guante de las últimas elecciones.

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El lunes el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega, hablaba de un "espectáculo poco edificante" al referirse a las negociaciones entre los partidos políticos para formar el nuevo Gobierno y anunciaba una declaración institucional que se ha presentado este martes.


Ocho instituciones representantes de la sociedad civil en el ámbito de la empresa, encabezadas por el Círculo de Empresarios, han presentado una declaración institucional bajo el lema 'Por un Gobierno estable. El turno de la política', en la que llaman a la clase política a recoger el guante de las últimas elecciones, a "interpretar correctamente" sus resultados y a llevar a cabo un "ejercicio de cultura política" para lograr un Gobierno de coalición con el mayor número de apoyos posible. De no ser así, consideran que repetir las elecciones sería "un fracaso incomprensible".


Los firmantes de la declaración son el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, el presidente del Cercle d'Economía, Antón Costas, el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Juan Güell, el del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, la vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios, Agnès Noguera, el vicepresidente del Cercle d'Economía de Mallorca, Luis Quetglas, el secretario general del Círculo de Empresarios Vascos, Enrique Portocarrero, y la directora general de la Institución Futuro, Ana Yerro.


Según consta en el texto, "el que ésta sea, ineludiblemente, una legislatura de acuerdos políticos, debe servir de estímulo para conformar un Gobierno estable capaz de sacar adelante las reformas necesarias, que deben contar con el apoyo del mayor número de partidos, estén o no en el Gobierno".


Tras su lectura, el portavoz, Antón Costas, que ha eludido pronunciarse sobre un posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos y sobre los cinco puntos que ha puesto sobre la mesa la formación de Albert Rivera como 'peaje' para dicho acuerdo, ha concretado que optar por negociar un "mínimo común múltiple", que englobe las propuestas de todos los partidos, "es inviable", y que la opción correcta es buscar "el máximo común divisor".


De hacerse este ejercicio, ha dicho, ya no se estará ante un programa de Gobierno que sale de los programas electorales de los partidos, sino ante "un programa razonado", que incluso podría ser más tarde evaluado por una autoridad independiente. Los empresarios han insistido en que si ese fuese el fin, la demora de las negociaciones estaría justifica. "Pensamos que es mejor un bueno Gobierno que un Gobierno rápido", ha zanjado Antón.


"Consideramos que hay un momento bondadoso donde la ciudadanía lo que está diciendo es que quiere gobiernos de coalición y se debe leer de esa forma los resultados. Como estamos viendo, si esto se hace bien, implicará un ejercicio racional y pragmático", ha resumido.


Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios ha señalado que si bien el panorama político "es complejo", también es "una gran oportunidad" para alcanzar consensos que den lugar a reformas "duraderas". "Es verdad que hay partidos nuevos que complican la situación y nos generan una situación diferente, pero creemos que la competencia es la madre de todas las virtudes y que a la larga será bueno para la democracia", ha ahondado.


EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN


Concretamente, en la declaración se indica que la "pluralidad desconocida" surgida de las elecciones generales de pasado 20 de diciembre "dificulta la formación de un nuevo Gobierno, pero refleja una sociedad viva que confía en la democracia". Por ello, las organizaciones ven esta situación como "una oportunidad de recuperar el espíritu de consenso que presidió la Transición hace cuarenta años".


Y es que las organizaciones consideran que "la convocatoria de unas nuevas elecciones constituiría un fracaso incomprensible de la política" y llaman a los partidos políticos a que "interpreten correctamente los resultados y dialoguen, negocien y pacten sin exclusiones".


Las organizaciones también hablan de cuáles deben ser las prioridades de cara a la próxima legislatura y apuntan a una recuperación económica que, combinando estímulos y reformas, "llegue a todos" para solventar "la aún dramática situación de millones de ciudadanos desempleados u ocupados en trabajos precarios y de baja remuneración". En este punto, señala la declaración que el problema del empleo "es también una responsabilidad del mundo empresarial".


TOLERANCIA CERO CONTRA LA CORRUPCIÓN


Otra de las prioridades de los firmantes se dirige a la regeneración de la vida política, económica e institucional. Al respecto, aseguran que "España no es un país corrupto, pero ciertamente la corrupción se ha extendido a numerosos ámbitos de la sociedad".


La declaración añade que "los partidos políticos, las asociaciones empresariales y sindicales y la sociedad en su conjunto deben asumir el compromiso de conseguir de inmediato la regeneración ética de la vida política y económica, con un principio común claro y rotundo: Tolerancia cero contra la corrupción, tanto en el ámbito público y empresarial, como en la actividad privada".


CANALIZAR LA SITUACIÓN EN CATALUÑA


Además la declaración también se refiere a la necesidad de abordar grandes reformas, entre ellas la organización territorial del Estado, "de tal forma que se canalice la situación abierta en Cataluña respondiendo, asimismo, a la aspiración generalizada a un mejor funcionamiento del modelo autonómico", todo ello, con "amplios consensos".


Preguntado por este extremo, Antón Costas ha señalado que con el uso de la palabra canalizar, la declaración se refiere a "poner encima de la mesa respuesta para solventar el problema de insuficiencia financiera", articular una solución que "permita reducir los conflictos competenciales entre las comunidades autónomas y administración central" e incluir "mecanismos de colaboración entre comunidades autónomas y el Gobierno".

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