lunes, 23 de octubre de 2017 04:41
Politica

Pedro Sánchez y Albert Rivera se dan el 'Sí quiero' en el Congreso

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Pedro Sánchez y Albert Rivera han presentado y firmado su acuerdo en el Congreso de los Diputados. Un acuerdo que no es de Gobierno, sino de investidura, en el que los socialistas aceptan la reforma exprés de la Constitución planteada por Ciudadanos y que garantiza el apoyo de la formación naranja a la investidura de Pedro Sánchez.


Ambas formaciones firman este ‘Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso’, que contiene siete capítulos y que pone el foco en diferentes temas como el impulso de un nuevo modelo de crecimiento que sea inclusivo, que respete el medio ambiente y que se base en la productividad. El pacto contempla también la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo para la próxima legislatura.


Uno de los puntos más importantes de este acuerdo se centra en la reforma de la Constitución, “para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado”. 


REFORMA CONSTITUCIONAL


En concreto, defienden que la Carta Magna "dejó abierto" el modelo territorial, por lo que ahora "hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando" el modelo para "mejorar la convivencia entre españoles".


Y Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se compromenten a revisar el Título VIII de la Constitución para "desarrollar el concepto de Estado federal", tal y como proponían los socialistas.


En cuanto al referéndum de Cataluña, ambas formaciones acuerdan "oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España".


Por lo que se refiere al modelo de Estado al que quieren avanzar, además de hablar de desarrollar el "concepto de Estado federal", al hablar de la revisión del Título VIII de la Carta Magna aseguran que quieren "incorporar las denominaciones de las comunidades y ciudades autónomas" y "garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia".


El procedimiento para la reforma constitucional se ajusta a lo previsto por el PSOE en el documento que envió el 8 de febrero a todas las fuerzas políticas. Así, los firmantes se comprometen a crear, en el plazo de un mes, una subcomisión para la reforma de la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.


Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el "perímetro" pactado de la reforma. Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017.


CESAR A ALTOS CARGOS IMPUTADOS


PSOE y Ciudadanos se han comprometido a no incorporar a sus listas electorales a personas investigadas --figura actual para denominar a los imputados-- por delitos de corrupción y a cesar a los que, desde la firma de este documento, pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga.


Los dos partidos se comprometen a trabajar para poner en marcha "medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción" que, entre otras cosas, garanticen que se proceda al cese de altos cargos "cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso". Además, quieren que se suspenda a concejales y parlamentarios a los que se abra jucio oral por las mismas razones.


Pero, al margen de esto, Ciudadanos y el PSOE han llegado a un "pacto complementario" en materia de lucha contra la corrupción que pone un listón más exigente. Así, se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos, a partir de la fecha, de personas con la condición de investigadas a iniciativa del Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado.


De la misma manera, se comprometen a "cesar a los altos cargos y pedir el acta a los cargos electos que, a partir de la fecha de este acuerdo, pasen a situación de investigados mantenida por el Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción".


REFORMA DEL SENADO


La idea de Ciudadanos y el PSOE es que la Cámara Alta se convierta en una "estricta cámara territorial con una composición máxima de 100 miembros" --actualmente son 266-- y "con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado".


Entre esas funciones figurarían la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.


Si, una vez aprobada la reforma de la Carta Magna, no se ha conseguido realizar esa transformación en cámara territorial, los socialistas y C's se comprometen a "abogar por su supresión como cámara de segunda lectura".


Asimismo, ambos partidos defenderán que se revise el Título VIII de la Constitución para "suprimir los preceptos ya obsoletos; incorporar las denominaciones de las comunidades autónomas y ciudades autónomas; garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia".


También quieren "determinar con precisión las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución", así como "establecer los principios del sistema de financiación autonómica", que son "autonomía, coordinación, suficiencia y solidaridad, en los términos interpretados por el Tribunal Constitucional".


Además, abogarán por "establecer los instrumentos de cooperación; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; y determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea". Igualmente, pretenden incorporar "el 'hecho' Unión Europea al ordenamiento constitucional".


MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL


También proponen revisar las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una norma que para ser modificada requerirá una mayoría de tres quintos. Para constituir la ponencia que reformaría la LOREG en aquellos aspectos que no precisen cambios en la Constitución, fijan un plazo de seis meses.


Entre esas bases, PSOE y Ciudadanos plantean medidas para "incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico".


DEROGACIÓN LEYES AMBIENTALES


En materia de transición energética y lucha contra el cambio climático, el objetivo es obtener un "sistema energético eficiente y sostenible" que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO2 compatible con los compromisos de París.


Se promoverá un gran pacto de Estado de la Energía, aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con objetivos de reducción de emisiones y que incluya tener en cuenta los elementos de riesgo climático en "en cualquier actuación pública" así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.


El documento propone una batería de derogación de la normativa vigente, ya que el acuerdo incluye recuperar la prohibición "absoluta" del cambio de uso de suelo en las zonas forestales incendiadas --una excepción a la Ley de Montes incluida por el PP en determinadas circunstancias-- y se comprometen a impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales.


Además, el acuerdo de progreso incluye derogar las limitaciones y excepciones de 2015 a la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de modo que se recuperaría la de 2007.


Puedes leer el documento completo aquí.



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