El PP avisa a los funcionarios que se arriesgan a “sanciones” si apoyan el secesionismo catalán

Este martes la Generalitat nos ofrecía una suerte de hipérbatón al anunciar, en boca del conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, el cambio de nombre de su Consejería para intentar esquivar la suspensión por parte del Tribunal Constitucional. 

La diputada del PP en el Parlament María José García Cuevas ha afirmado este miércoles que los funcionarios de la Generalitat se enfrentan a "sanciones" si, en sus atribuciones laborales, apoyan el proceso soberanista para que Cataluña se independice de España.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en la cámara, donde ha criticado un informe de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que afirmaba que los funcionarios públicos "no podrán ser acusados de rebelión o sedición" en caso de ejecutar mandatos independentistas del Ejecutivo catalán o del Parlament.

"La secesión supone violentar la legalidad democrática, y los funcionarios deberían afrontar las consecuencias que se prevén en nuestro ordenamiento", según la popular, que ha acusado a la entidad soberanista de protagonizar una campaña de intoxicación y engaño a la opinión pública catalana.

MERITXELL BORRÀS

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha declinado valorar el informe de la ANC, afirmando que "posicionarse sobre lo que piensan terceros" no forma parte de sus atribuciones, aunque sí ha defendido que la entidad tiene libertad de expresar lo que considera oportuno.

"Creemos en la libertad de expresión y no perseguiremos ni llevaremos a los tribunales a aquellos que piensen diferente a nosotros", ha sentenciado Borràs, algo que sí considera que hace el Gobierno central respecto a los independentistas.

También ha afirmado que el Govern en ningún caso ha dado instrucciones a los funcionarios de "incumplir la legalidad vigente o instar a desobedecer el Estado de derecho".

La diputada García Cuevas ha lamentado que el Govern no quiera posicionarse sobre el informe de la ANC cuando, a su juicio, es una entidad próxima al Ejecutivo por sus postulados soberanistas y no una "hermandad rociera".