Dos cargos de la Xunta, acusados de homicidio por retrasar tratamiento de hepatitis C

La Fiscalía de la capital gallega ha acusado a dos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia por un delito de homicidio imprudente. El ministerio público considera que utilizaron “razones presupuestarias” para retrasar la aprobación de tratamientos para la hepatitis C.

La denuncia también atribuye un delito de prevaricación al director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo.

La Fiscalía mantiene que ambos cargos habrían incumplido los criterios establecidos por la Xunta en el caso de estos tratamientos para los casos más graves. La Administración autonómica estaba negociando un acuerdo global con las farmacéuticas para la prescripción universal de estos fármacos en la sanidad pública.

El ministerio público considera que estos retrasos a la hora de dar el visto bueno a tratamientos puso “en grave riesgo la vida de los pacientes”, además de causar la muerte de algunos.

Como ha adelantado 'eldiario.es', la denuncia incluye historiales de seis pacientes afectados de hepatitis C que fallecieron en Galicia en 2014 y 2015. A pesar del criterio de los facultativos --que advirtieron de la urgencia de los casos-- la Administración atrasó o les denegó la dispensación de esta medicación, obedeciendo a criterios presupuestarios “y no de contenido médico o clínico”.

De esta manera, la Fiscalía solicita la imputación de los dos altos cargos por un delito de “homicidio por imprudencia grave profesional”. Además, el ministerio público considera que incumplieron los criterios establecidos por la Comisión Autónica Central de Farmacia y Terapéutica, que asesora a la Consellería de Sanidade, por lo que habrían incurrido en un delito de prevaricación.

SEIS PACIENTES MUERTOS

La denuncia detalla que tres pacientes murieron sin llegar a tener acceso al tratamiento, a pesar de las numerosas solicitudes de sus médicos, que alertaron de la gravedad de los casos y que no existía otra alternativa farmacológica.

Otras tres personas llegaron a recibir la medicación, aunque en un momento en el que el deterioro de su salud era tal que ya no se podía hacer nada por ellos.

La Fiscalía se apoya en informes médicos y alerta de que en algunos casos se manipularon las fechas de solicitud de los tratamientos para que pareciera que el tiempo de espera había sido menor.

Además de las demoras denunciadas, el ministerio público señala el caso de un paciente de Lugo que accedió al tratamiento a tiempo porque su facultativa envió cartas a diferentes altos cargos de la Xunta, en las que alertaba del peligro de muerte del enfermo. 

No es la primera vez que se cuestiona el sistema de la Xunta. La consellería de Sanidade ya ha tenido que salir en defensa de la comisión que autorizaba los fármacos en otras ocasiones. El actual director de Asistencia Sanitaria, Ramón Ares, aseguró recientemente que se trataba de un modelo “absolutamente riguroso” con un funcionamiento “muy bueno”. "Funcionó desde nuestro punto de vista perfectamente, lo cual permitió que antes de tener el plan estratégico todos aquellos pacientes graves que necesitaban tratamiento, lo tuvieron", subrayó hace unos tres meses.