“Donde dije digo, digo Diego”, reza el adagio popular a modo de trabalenguas. Se quiere ilustrar con tal expresión cambios inesperados de conductas y, en ocasiones, actuaciones enteramente contrapuestas a las proclamadas originariamente. El punto de arranque de semejante proceder suele ser algo que ya era mentira u ocultaba una falsedad inicial. Con el paso del tiempo aflora la verdad y el implicado cambia la versión de los hechos y argumenta que no es lo que dijo en un principio, o que se malinterpretaron sus palabras. La farsa puede adquirir proporciones de impostura al tratar de justificarse lo injustificable o, incluso, hacer una lectura positiva y de honestidad de la actuación del protagonista, dispuesto éste a una ejemplar y voluntaria dimisión o abandono de sus cargos. Es un comportamiento que se achaca con frecuencia a los políticos, los cuales se convierten eventualmente en consumados mentirosos o enredadores. De consecuencia, sus engañados electores pasan a engrosar un creciente contingente de ciudadanos desencantados. La convivencia se encanalla y la confianza social mengua peligrosamente.

No hace falta rebuscar mucho en las hemerotecas para encontrar casos emblemáticos al respecto de célebres imposturas políticas. Existen ejemplos entre políticos de variadas ideologías y credos morales. Entre ellos sobresalen episodios en los que se ven involucrados políticos con responsabilidades institucionales y que suelen conllevar corrupción o abusos de poder. Valga como muestra el asunto Watergate de espionaje político, el cual puso en evidencia los manejos de un contumaz mentiroso como Richard Nixon, a la sazón presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. De resultas de todo ello, se hizo emblemático entonces un modelo comportamental de político que decía lo contrario de lo que hacía.

Tras destaparse el asunto Watergate, Nixon hizo todo lo posible para ocultar la verdad con la ayuda de una caterva de personajes turbios como Dean, Ehrlichman, Haldeman o Mitchell. Este último había sido máximo responsable de la justicia estadounidense como Attorney General durante el primer mandato de Nixon, y se reputaba como un celoso guardián incorruptible de la “ley y el orden”. Tras el juicio del caso Watergate fue declarado culpable y pasó 19 meses en prisión. Los sucesos de entonces apenas palidecen al ser comparados con las tramas actuales de series televisivas tan populares como House of Cards. Un personaje de ficción como Frank Underwood, imaginario Presidente del país más poderoso del mundo, apenas desmerece en su comparación con el antecedente verídico de Richard Nixon. ¿No suele decirse que a menudo la realidad supera a la ficción?

Se ha asistido en los últimos tiempos en Europa a una intensificación de la impostura política con una exposición mediática continua de escándalos y corrupciones que han acrecentado una cierta anomía política aprovechada por los populismos antieuropeístas. A su vez, los canales tradicionales de intermediación estatalista (partidos, sindicatos, asociaciones gremiales y profesionales) han persistido en las prácticas clientelares, extendiéndose las corruptelas por el enriquecimiento personal y las inefables farsas de predicar lo que no se hace. Se ha erosionado, en suma, el ámbito de lo público promocionándose el avance de las conductas asociales y del individualismo posesivo.

En el caso de España hemos presenciado --con no pocas dosis de perplejidad-- cómo políticos de los más altos niveles de responsabilidad gubernamental tratan de justificar lo injustificable. Y es que el ejercicio del poder puede inducir a hacerse creer a quienes lo detentan que son inmunes a la fiscalización de las actividades públicas. Afortunadamente existen periodistas que no cejan en hacer desenmascarar a farsantes y crápulas. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en su acrónimo en inglés) es un colectivo de unos doscientos periodistas que en más de 65 países buscan desenterrar delitos internacionales, corrupción y abusos de poder.

Ese ha sido el caso de los llamados Papeles de Panamá, los cuales son documentos que implican a más de doscientas mil empresas offshore, establecidas en “paraísos fiscales” con el propósito de evitar pagar los impuestos debidos en sus países de residencia o de actividad real. Han sido más de 11 millones los documentos que han visto la luz pública provenientes del bufete jurídico Mossack Fonseca con sede en Panamá y con sucursales en más de 35 países por todo el mundo. Más de un centenar de periódicos han compilado los Papeles que exponen transacciones y negocios offshore realizados, entre otros, por políticos que han predicado lo que ellos mismos no hicieron; o, mejor, dicho, que trataron de negar o justificar en base a desmemoriados olvidos.

No es aventurado prever que en la conducta electoral de los votantes pesará cada vez más su consideración respecto al factor humano de los políticos y a su credibilidad. Tampoco parece inapropiado certificar que buena parte de la pérdida de confianza de los partidos es debida a las tropelías de sus representantes institucionales, y no tanto a la obsolescencia o caducidad de sus ideas y propuestas políticas. En un registro diverso cabe hacer referencia, asimismo, a la reiterada falta de franqueza en las intenciones de los partidos políticos por establecer un nuevo gobierno en España, tras meses de un acendrado “mareo de la perdiz” interpartidario.

Cierto es que los electores han aprendido --y no poco-- de tácticas y estrategias de las formaciones políticas. Ha sido un período lectivo que debería ser provechoso al haber incrementado el conocimiento político de la ciudadanía. Pero además de la batalla de las ideas, los votantes en unas posibles nuevas elecciones tomarán también en cuenta la credibilidad de los futuros candidatos y su confianza en ellos. Quizá sea este el factor que desbloquee la constitución del nuevo gobierno en España.

Luis Moreno es Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) y autor de “Trienio de mudanzas, 2013-15”