Tres de cada 10 contribuyentes no marca ninguna casilla de asignación

La Plataforma de ONG de Acción Social han hecho un llamamiento al 46% de la población española que, según han indicado, no marcó la casilla a favor de los fines sociales en la declaración de la renta del año pasado.

"Cuanta más gente marque la casilla, más proyectos sociales nuevos se podrán impulsar, y los que ya existen se podrán reforzar", ha recordado la presidenta de la plataforma, Estrella Rodríguez.

El año pasado, un total de 10,4 millones de españoles marcaron en su declaración de la renta la casilla que permite destinar un 0,7% de los impuestos recaudados (sin coste adicional para el contribuyente) a un fondo destinado a financiar las actividades de organizaciones sociales. Gracias a este gesto, se recaudaron un total de 293 millones de euros.

En este sentido, Rodríguez ha asegurado sentirse "satisfecha" por la evolución del número de personas que marcan la casilla en su declaración anual del IRPF, pero ha incidido en el "reto" de incrementar el porcentaje de contribuyentes que deciden hacerlo.

El reto, según ha indicado, consiste en conseguir convencer al 30% que el año pasado no marcaron ninguna casilla (ni la de fines sociales ni la de la Iglesia) para que lo hagan este año, y que el 17% que marcaron únicamente la de la Iglesia, lo hagan también con la de los fines sociales. "Por marcar las dos casillas no se cobra más al ciudadano y es una ayuda que no se divide, se multiplica", ha asegurado.

Por otra parte, en referencia a una sentencia reciente del Tribunal Supremo que desestimaba un recurso impuesto por la Generalitat de Catalunya al sistema de reparto de los ingresos destinados de la casilla de fines sociales (en el que reclamaba la gestión autonómica de dichos fondos aludiendo a las competencias delegadas en materia de política social), la presidenta de la plataforma de ONG de Acción Social se ha mostrado aliviada.

"El sector ha estado muy asustado porque los recursos que proceden de la solidaridad ciudadana son fondos que ayudan desde hace años a paliar el sufrimiento de casi siete millones de personas", ha explicado.

A su juicio, de haberse resuelto que la gestión de dichos fondos correspondía a las comunidades autónomas y no al Ministerio de Asuntos Sociales (a través de una convocatoria pública), "se les habría dejado en la calle". "Este dinero va íntegramente a los proyectos que desarrollan las organizaciones, no va al mantenimiento de sus estructuras", ha asegurado.