lunes, 23 de octubre de 2017 22:54
Politica

La Generalitat mantendrá su Agencia Tributaria pese al 'no' del Constitucional

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Constitucional


Este jueves, el Tribunal Constitucional  (TC) ha cargado de lleno contra la línea de flotación de las estructuras del hipotético Estado catalán. Un hecho que ha sido minimizado por el Govern, que ha asegurado que la afectación de la sentencia es "mínima" y que seguirán adelante.


En sus noventa páguinas, la sentencia del TC ha suspendido de forma unánime algunos artículos y disposiciones de la Ley 3/2015 de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlament por la que la Generalitat estableció la creación de sus propias estructuras del Estado.


Las estructuras que han sido declaradas nulas por ser inconstitucionales son, son además de la Administración Tributaria de Catalunya, que la norma preveía poner en marcha en el plazo de un año desde su aprobación. 


También ha tumbado el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación de un Servicio Meteorológico de Catalunya y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos. 


El tribunal de garantías considera que el intento de la Generalitat de crear una Agencia Tributaria propia "pone en entredicho la articulación de la distribución del poder público entre el Estado y las Comunidades Autónomas y menoscaba la posición constitucional del Estado". 


AFECTACIÓN "MÍNIMA"


Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado que la afectación de la sentencia del TC es "mínima". Así, ha reafirmado su compromiso con el mandato obtenido en las urnas en las elecciones catalán, por lo que continuarán con su construcción y elaboración.


"Continuaremos tirándolas adelante pese a los obstáculos que tengamos en el camino", ha dicho este jueves en rueda de prensa, y ha recordado que los preceptos anulados de la Agencia Tributaria de Catalunya no evitan que puedan seguir desarrollándola, y que la Agencia de Protección Social catalana no se ha visto afectada.


Munté ha invitado a leer con detenimiento la sentencia y evitar el "tremendismo" de algunas formaciones políticas, que han calificado la resolución como "golpe duro a las estructuras de Estado". 


LA HACIENDA CATALANA "NO ESTÁ ANULADA"


Ha incidido en que la Agencia Tributaria catalana "no está anulada y continúa plenamente vigente", porque se ampara en el Estatut y porque es una herramienta que Munté considera imprescindible.


La afectación de los preceptos anulados "afectan mínimamente al día a día de la construcción y elaboración de dichas estructuras", ha repetido la consellera.


Preguntada por la reacción del ejecutivo ante lo que sí se ha anulado, Munté ha pedido tiempo para hacer un segundo análisis de la decisión del TC, pero ha recordado que el Govern siempre ha mostrado la voluntad de continuar el mandato del 27S y que, para eso, han buscado "fórmulas alternativas".


"DECISIÓN POLÍTICA"


La consellera ha explicado que el Govern no se ha sorprendido del texto judicial porque considera que tras él está el Gobierno del PP: "La sentencia proviene de una decisión política del PP, que arremete contra todo lo que tiene que ver con la construcción de estructuras de Estado".


Munté ha recordado que el PP presentó el recurso antes de las elecciones catalanas del 27S, cuando tenía mayoría absoluta: "Ahora es un gobierno en funciones que ha perdido esa mayoría absoluta", ha apostillado. 


LA HACIENDA CATALANA “MENOSCABA LA POSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO"


El Tribunal Constitucional considera que el intento de la Generalitat de crear una Agencia Tributaria propia "pone en entredicho la articulación de la distribución del poder público entre el Estado y las Comunidades Autónomas y menoscaba la posición constitucional del Estado".


La creación de la Agencia Tributaria de la Generalitat aparece en la disposición adicional número 22 de la Ley, que es, junto con la disposición numero 23 --relativa a la elaboración de un inventario de patrimonio de las administraciones públicas de Catalunya--, aquella a la que concentra el grueso del recurso que fue presentado por el Gobierno.


Dicha disposición encomienda a la Generalitat la aprobación de un "plan director de la Administración tributaria de Catalunya" que, según se indica en la Ley, "constituirá el instrumento de planificación estratégica de una administración tributaria preparada para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias tributarias".


El Constitucional considera que este inciso es "manifiestamente contrario" a la Constitución y, dada la "inescindible unidad de sentido" de la disposición en su integridad, su inconstitucionalidad debe hacerse extensiva a toda la disposición adicional.


EXCEDE DE SUS COMPETENCIAS


Respecto a la Agencia Tributaria Catalana también dice que el mandato que dirige al Gobierno de Catalunya para crearla en 5 meses y esté operativa en un año, excede de su competencia exclusiva para "organizar, en el respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Catalunya, su propia Administración y su Administración tributaria".


Dicho mandato, abunda el Constitucional en su sentencia, se realiza en relación con unas funciones y competencias tributarias "ajenas, hoy, al elenco competencial de la Comunidad Autónoma" y, por tanto, "de responsabilidad del Estado".


En este punto subraya que una Comunidad Autónoma no puede asumir más potestades que las ya recogidas en su Estatuto ni tampoco puede "anticipar en sus normas, como aquí se ha hecho, los resultados de una tal hipotética modificación competencial".

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