jueves, 17 de agosto de 2017 01:35
Economía

El Gobierno rechaza las medidas de Bruselas porque confía en el crecimiento económico

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Luis de Guindos



La formación de un Gobierno en España sigue su curso, mientras la Unión Europea no encuentra un interlocutor fijo para negociar el incumplimiento del objetivo de déficit marcado para 2015. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, rechaza las medidas propuestas por Bruselas.


El Gobierno en funciones considera que puede cumplir los objetivos pactados con la Unión Europea si sigue apostando por el nivel de crecimiento superior al 3% de los últimos años y mantiene la senda económica adoptada.


El ministro de Economía, Luis de Guindos, que presentó alegaciones ante la amenaza de la sanción, argumenta que las aspiraciones de España se basan en los principales datos del último ejercicio de la economía y no en meras promesas. Los datos aportados demuestran el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) y la generación de empleo desde hace poco más de un año. 


El ministerio de Economía sostiene que “España lleva ya más de un año creciendo al 3%, como una de las mayores economías de la UE, y cuando se aumenta el PIB sobre el 3%, y además con un poco de inflación, no hace falta hacer mucho más para que se produzca automáticamente una bajada del ratio de déficit público casi en un punto, y eso son esos 10.000 millones de euros”.


El ejercicio anterior ya registró un descenso del déficit en 7 décimas, lo que supone 7.000 millones de euros, sin recurrir a ningún tipo de ajuste extraordinario. Por tanto, siguiendo el mismo planteamiento, los colaboradores de Rajoy abogan por seguir creciendo en torno al 3% y la creación de unos 500.000 puestos de trabajo nuevos anuales. Si se mantienen las cifras, se calcula que en 2016 la economía española reduciría otro punto del déficit. 


El objetivo de déficit para final de 2016 se perfila en torno el 4% y del 2,9% para 2017, mientras que la Unión Europea reclamará un déficit del 3,9% este año y del 2,5% el siguiente.


Según El País, la pretensión de la Unión Europea de cara a la sanción, que está en pleno trámite, es imponer a España una multa simbólica, congelar 1.000 millones de euros en fondos comunitarios y un ajuste presupuestario de 10.000 millones hasta 2017, controlado por exámenes trimestrales. 


El Gobierno, por su parte, discrepa de estas medidas, ya que considera que “el recorte solo se tendría que aplicar si España no creciese este ejercicio y no se crease ningún empleo, es decir, si la economía nacional estuviese parada, pero eso no va a suceder”.

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