PP y Ciudadanos llegan a un pacto de investidura "in extremis"

Rajoy y Rivera cerraron este sábado la negociación entre sus partidos. Ciudadanos ha conseguido que el PP acepte revisar si los defraudadores de Hacienda que se acogieron a la amnistía fiscal pagaron lo que les correspondía.

El Partido Popular y Ciudadanos han pactado que se recuperen los 2.800 millones de euros que se dejaron de ingresar por la amnistía fiscal, la creación de un complemento salarial para las personas con ingresos más bajos, igualar los permisos de maternidad y paternidad y reducir la tipología de los contratos a tres.

Estos son algunos de los acuerdos de entre las más de cien medidas que ya han alcanzado ambos partidos de cara a la investidura. Además, los negociadores también han llegado al acuerdo de la elección directa de alcalde o a reducir los gastos de varias instituciones entre los que se encuentran las diputaciones provinciales, aunque estas no se suprimirán como había pedido Ciudadanos.

Además el PP ha aceptado la exigencia de Ciudadanos de recuperar los siete puntos impositivos de diferencia que se dejaron de ingresar en la amnistía fiscal que se aprobó en marzo de 2012 con el objetivo de que los contribuyentes que tenían bienes o fondos no declarados los afloraron. En aquel momento se estableció un tipo del 10 por ciento aplicable al valor de los citados bienes.

ELECCIÓN DIRECTA DE ALCALDE

Ambas formaciones también han avanzado en otros asuntos como la elección directa de alcalde, en cuyo principio están de acuerdo. Para ello, Ciudadanos ha propuesto que haya dos urnas, una para elegir al alcalde y la otra para la elección del resto de miembros de la corporación municipal.

Los de Rivera no han conseguido que se supriman las diputaciones provinciales, pero sí se incluirá un capítulo de reducción de gastos en estas y otras instituciones.

PACTO ANTICORRUPCIÓN

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos ha supuesto, además, la firma de un pacto anticorrupción por el cual los cargos públicos de las Cortes o el Gobierno que sean imputados por corrupción deberán abandonar su puesto, se eliminarán los aforamientos, se abordará una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional, se prohíben los indultos por corrupción política, se limitan los mandatos presidenciales a ocho años y se creará una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Este acuerdo, no obstante, se vio envuelto en polémica porque ambos partidos coincidieron en acotar la primera condición del acuerdo, la de suspender a los cargos públicos imputados por corrupción. Ambos consideraron que no era necesario suspender al diputado popular Óscar Clavell, imputado por prevaricación, malversación y fraude, porque en su caso no hay enriquecimiento ilícito o financiación ilegal, condicionantes que deben concurrir, a su juicio, para que el caso se encuadre en corrupción política.

Los 32 diputados de Ciudadanos, sumados al de Coalición Canaria, darían a Rajoy 170 votos favorables, lo que de momento no asegura la investidura en el intento de esta semana. Para lograr la mayoría absoluta y salir investido, le faltarían 6 síes en la primera votación y 11 abstenciones en la segunda. Rajoy y Rivera pretenden que las medidas acordadas en su pacto de investidura sirvan para presionar al PSOE, que firmó muchas de esas propuestas en su pacto con Ciudadanos en febrero. El presidente tiene previsto pedir al líder del PSOE un nuevo encuentro tras la firma del pacto.