Blesa defiende que ni Hacienda ni el Banco de España vieron nada irregular en su tarjeta ‘black’

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha asegurado que la tarjeta que empleó en Caja Madrid y repartió a varios de sus consejeros y altos cargos "era de libre disposición" y no era preciso "la justificación de los gastos que se realizaban". 

Y ha concretado: "El Banco de España y Hacienda nunca pusieron tacha alguna ni vieron irregularidad durante 23 años".

Ha asegurado que solo responderá a la Fiscalía Anticorrupción, el tribunal y su abogado defensor, y ha agregado que la recibió en 1994 de manos del secretario general de la entidad que le dio a entender que era un complemento retributivo.

Blesa ha asegurado que no dijo "ni una palabra" sobre los plásticos a su llegada a Caja Madrid en 1996 y que se limitó a "continuar con la práctica" establecida a partir de 1988 por anteriores presidentes.

ÉL DECIDIÓ SUBIR EL LÍMITE

Sí ha reconocido, en respuesta a preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, que la decisión de incrementar el límite de los plásticos la tomó él. "Las actualizaciones sí las decido yo", ha dicho.

Según ha explicado, subió la cantidad que podían gastar los consejeros y altos cargos seleccionados en función de la evolución de la caja que dobló su balance en tres años desde su llegada. "La responsabilidad de los consejeros, iba creciendo", ha explicado y ha dicho que unos podían gastar más que otros según sus funciones y cargos.

Blesa, que presidió Caja Madrid entre 1996 y 2010 se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de prisión y multa de 108.000 euros. 

Gastó de forma directa 436.688,42 euros con su tarjeta black aunque se le reclama una indemnización que abarca la cantidad completa que gastaron sus consejeros y altos cargos durante su mandato, 9,3 millones.

Destinó el plástico al pago de hoteles de lujo --hasta alcanzar una cantidad de 76.642 euros-- joyas por importe de más de 6.000 euros y artículos de Louis Vuitton.

65 ACUSADOS

Este viernes se ha reanudado el juicio por el uso fraudulento de las 'tarjetas black' con la declaración de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia. 

Se trata de la tercera sesión, que comenzará con el dictamen del tribunal que preside Ángela Murillo sobre las cuestiones previas tratadas el lunes y el martes y en las que tanto la defensa de los encausados, como la Fiscalía y las acusaciones presentaron sus alegaciones.

Ahora le toca el turno a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, al que fuera director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, y a otros 62 exaltos cargos procedentes de partidos políticos como el PP, PSOE e IU de los sindicatos de CC.OO y UGT, y de la patronal CEOE y CEIM.

Durante el interrogatorio, los 65 acusados se enfrentarán a las preguntas del representante del Ministerio Público, Alejandro Luzón y de los abogados de las demás partes. Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General de Trabajo (CGT), la acusación popular.

CUESTIONES PREVIAS 

Durante las dos sesiones de cuestiones previas, la defensa centró sus alegaciones en pedir la nulidad del documento aportado por Bankia -que incluía el desglose de los gastos efectuados con los plásticos-, que no se le permita continuar a Bankia y al FROB como acusación particular, y que se declarase prescrito el delito continuado de apropiación indebida.

El Ministerio Público rebatió las tesis de los abogados y comenzó su turno de palabra advirtiendo de que habían intentado sacar agua de las rocas y la poca que había salido no era potable.

Durante su informe ante los magistrados Luzón defendió la legitimidad del Frob y de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri para acusar de forma particular en la vista y agregó que el rescate de Bankia -que recibió 22.000 millones de euros de las arcas públicas- fue como un funeral para todos los españoles.

Los letrados de la acusación particular y popular, por su parte, negaron que los delitos hubieran prescrito alegando que el Código Penal establece un máximo de diez años y no de cinco como expuso la defensa. También dieron validez a una nueva prueba presentada por Bankia al inicio del juicio y en la que se recopilaban nuevos correos electrónicos relativos a la emisión y gestión de las tarjetas.

SOLICITUD DE DÍAZ FERRÁN 

Así las cosas, el letrado del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, solicitó al tribunal de la Sección Cuarta de Lo Penal la ausencia de su defendido en el juicio por problemas de salud pero finalmente y tras practicarle las pruebas pertinentes una médico forense, el tribunal rechazó la petición para el exconsejero de Caja Madrid, que cumple condena en prisión por el caso Marsans.

Los 65 acusados se enfrentan a penas de prisión que van de uno a seis años por el uso que hicieron de las tarjetas opacas entre 2003 y 2012 con las que costearon la compra de joyas, productos de belleza, viajes y regalos por un monto total de 12,5 millones de euros.