jueves, 19 de octubre de 2017 14:50
Politica

Fiscalía pide 2 años de cárcel para Matas por la adjudicación irregular del Palma Arena

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Jauem matas carcel


El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pide dos años de cárcel para el expresidente del Govern balear Jaume Matas por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras del Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste ascendió a mas de 100 millones.


El fiscal ha presentado así su escrito de acusación por la pieza numero 8 del caso Palma Arena, en el que acusa a Matas de haber incurrido en delitos de fraude a la administración y prevaricación.


Estos son los mismos tipos penales que atribuye por estos mismos hechos al exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester.


Del mismo modo, le reclama otros dos años de prisión por los mismos delitos por la contratación presuntamente irregular de dos de los arquitectos que se hicieron cargo de los trabajos de construcción de esta infraestructura, Luis y Jaime García Ruiz.


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En uno de sus escritos, Horrach relata cómo en 2004 Matas encargó a Ballester tratar de obtener la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, previsto para 2007, con la finalidad de que esta concesión sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto que permitiera albergar el evento.


El fiscal resalta que, pese a tratarse de un proyecto de "gran envergadura y con un evidente compromiso de gasto", la contratación no fue llevada a cabo por ninguna de las Consellerias que disponían de los medios técnicos y jurídicos necesarios para poner en marcha la licitación, sino que Matas encargó la construcción a la Fundación Illesport y posteriormente al Consorcio que se crearía al efecto, organismos que "no están obligados a pasar por los mismos controles previos que la administración 'stricto sensu' y, sobre todo, a los que pudiera imponer sus decisiones unipersonales sobre quién y cómo construiría el velódromo".


De hecho, el juez instructor de la causa, José Castro, alude a la Fundación Illesport -dependiente del Govern y liderada por Ballester- como la encargada de "dar cobertura formal a las decisiones que tomaba el presidente de la Comunidad Autónoma, sabedores ambos de que sus decisiones ni tan siquiera se sometían a la consideración de los patronos" de la Fundació "por la sencilla razón de que, como tal, el órgano colegiado sólo existía en apariencia".

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