lunes, 23 de octubre de 2017 06:31
Economía

El Pacto de Toledo se pone las pilas para tener un plan para febrero o marzo sobre pensiones

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Los partidos representados en el Pacto de Toledo esperan poder llegar a los meses de febrero o marzo de 2017 habiendo cerrado en el Congreso un plan con propuestas firmes que permitan garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones.

Ese es el compromiso sellado por todos los grupos que integran el grupo de trabajo dedicado al seguimiento y evaluación de los Pactos de Toledo, tras iniciar el martes una serie de reuniones con comparecencias de personalidades que pudieran aportar información sobre la situación actual de las pensiones y capaces de plantear propuestas y sugerencias que contribuyan a su sostenibilidad.

La presidenta de la comisión, Celia Villalobos, ofreció a los grupos presentar una lista con posibles comparecientes. El pasado martes acudieron al encuentro, a petición de la presidenta, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, y el director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social.

Tras el mismo, los grupos se comprometieron a mantener estas reuniones para dentro de tres o cuatro meses culminar los trabajos con propuestas firmes en pos de garantizar la sostenibilidad del sistema. Este trabajo estará fundamentalmente enfocado, según han informado a Europa Press fuentes de la comisión, en tres cuestiones.

OBJETIVO: ASEGURAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA



El primero de ellos es el de la suficiencia financiera de las pensiones. Actualmente el sistema adolece de un déficit estructural que el próximo año podría alcanzar los 17.000 millones de euros, acabando con los remanentes del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, caja conocida como 'la hucha de las pensiones.

Otro de los puntos de interés serán las pensiones no contributivas, especialmente en aquellos beneficiarios que perciban las pensiones más bajas ante el riesgo de exclusión social.

Por último, el grupo abordará las cotizaciones de los parados de larga duración, que tras la última reforma perdieron capacidad contributiva y, por tanto, acceso a prestaciones más ventajosas.



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